Política
Las entidades civiles reprenden a Ribó por la subida del IBI, los desahucios y la suciedad
El alcalde de Valencia basa el debate sobre el estado de la ciudad en la «herencia recibida» por el PP
El Ayuntamiento de Valencia celebraba este martes su primer debate sobre el estado de la ciudad en el que, por primera vez en 20 años, participaba el alcalde para responder al resto de grupos y a los distintos colectivos que solicitaron intervenir.
Joan Ribó pronunció un discurso de balance de su primer año al frente del Consistorio en el que sobre todo se dedicó a criticar la «herencia recibida» del PP , haciendo especial hincapié en la situación de nueve de los diez concejales populares , que se encuentran investigados por presunto blanqueo de capitales. «Valencia no se merece el mal trato que las personas imputadas le están dando día sí, día también. Que se vayan a su casa», afirmó.
El alcalde de la ciudad quiso dejar claro que el gobierno local que preside, conformado por Compromís, PSPV y València en Comú y constituido a partir del pacto de La Nau, «goza de muy buena salud» , pese a las divisiones que han generado cuestiones como el «bou embolat» o los intentos de cambio de competencias tras la marcha del que fuera portavoz socialista, Joan Calabuig.
Ribó aseguró que su objetivo en materia fiscal es la equidad y la lucha contra el fraude, y avanzó que los presupuestos de 2017 serán estables en cuanto a ingresos. Aun así, anunció la creación de un nuevo impuesto para operadores de telefonía móviles , la modificación de la tasa de mesas y sillas y el descenso del 25 % del ICIO.
Durante aproximadamente una hora, defendió la gestión de cada una de las áreas en las que se divide su equipo, remarcando especialmente la reducción en el plazo del pago a proveedores (de 60 a 5,5 días) y de la deuda en 71 millones de euros (de 739 a 668 millones de euros), la lucha contra el fraude fiscal y la congelación del IBI a las familias.
Comerciantes
En el turno de las entidades civiles, sin embargo, las críticas fueron numerosas. Una de las más destacadas fue la del presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, Rafael Torres, quien reprendió a Ribó por la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que afecta a 1.400 comercios . El alcalde de Valencia se niega a revisarlo con la justificación de que las grandes empresas facturan más de un millon de euros, cuando en realidad esta cantidad correspondería a pequeñas y medianas empresas.
La asociación pidió al alcalde de la ciudad trabajo en favor de «un modelo de comercio reforzado», que lo haga «atractivo» y que lleve a «recuperar su potencial para poder mantener la vitalidad perdida». Además, abogó por colocar cámaras de seguridad en los itinerarios comerciales y por mayor limpieza en las calles y entornos, al tiempo que se mostró contrario a «la clonación» del comercio con una «oferta repetitiva» que ofrece en todas partes lo mismo.
También por la subida del IBI protestaron las familias numerosas , que demandaron más ayudas al transporte.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de la capital y diversas entidades vecinales de diferentes barrios (Polo y Peirolón, Nou Moles o Nazaret, entre otras) trasladaron al gobierno local sus quejas por los cambios realizados en las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y por la limpieza urbana , que han reclamado que se mejore porque en algunos casos «ha ido a peor». Los representantes vecinales advirtieron de que, «si no se adoptan medidas», Valencia pasará de ser una ciudad en la que se practica «el microbotellón» a un lugar de «macrobotellón».
Cabanyal y desahucios
Salvem el Cabanyal y la Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal pidieron agilizar la redacción y aprobación el nuevo plan de rehabilitación del barrio y actuar contra la contaminación acústica en favor de la intimidad del domicilio, la salud y el descanso, además de solucionar los problemas de convivencia .
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia recordó que sigue habiendo desahucios y urgió al Ayuntamiento a tomar más medidas. La entidad expuso que, en la Comunidad Valenciana, han sido desahuciadas 2.658 familias durante los tres primeros meses de este año (41 cada día laborable), según datos del Poder Judicial. De ellas, 1.514 lo son por impago de la hipoteca y 1.100 por no poder hacer frente al alquiler.
«Sectarismo e inacción»
Además de las críticas vecinales, los grupos de la posición denunciaron la «parálisis y el sectarismo» del equipo de gobierno. El portavoz del PP, Eusebio Monzó, censuró la «inacción» por vivir «más de la crítica del pasado que del presente y el futuro» porque le «mueve más el odio» .
Monzó, quien fue interrumpido en dos ocasiones por un espectador que lanzó sobres al grupo popular al grito de «corruptos», consideró que este tipo de comportamientos han sido promovidos por los propios partidos al frente del Ayuntamiento durante su etapa en la oposición. Así, acusó al Gobierno local de «sectario», de «incumplir sus promesas» y de haberse olvidado «pronto» del «rescatar personas».
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, tachó la gestión municipal de «decepcionante» , y reprochó al alcalde que se haya «distraído de su obligación», que es gestionar y administrar el ayuntamiento para hacer «más fácil la vida a los ciudadanos».
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