Política

Enric Morera propondrá de nuevo en las Cortes aumentar el control de los gastos de los grupos

El presidente del Parlamento autonómico espera que la Sindicatura de Comptes exija los justificantes del destino del dinero

Enric Morera, en las Cortes Valencianas en una imagen de archivo MIKEL PONCE

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El inicio de la legislatura en las Cortes Valencianas se encuentra marcado por la escasa actividad parlamentaria previsiblemente hasta septiembre. Sin embargo, algunas cuestiones que quedaron pendientes al final de la pasada ya han comenzado a resurgir. Un ejemplo es la publicación del destino de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios por su representación.

La falta de acuerdo entre los partidos había enterrado esta posibilidad de avanzar en la transparencia pese a que el debate llevaba varios meses encima de la mesa. Y ahora regresa. Fuentes de la Cámara explican que la intención es volver a llevarla durante el mes de julio a la comisión de Gobierno Interior, que se celebra a puerta cerrada y sin dar cuenta a los medios de comunicación.

La propuesta del presidente, Enric Morera, es establecer mejoras para la fiscalización del dinero con el que cuentan los grupos. Comprobar a qué se dedica (nóminas, personal...), facilitar los tickets de los gastos (desplazamientos, dietas...) y verificar que esas cantidades vayan a parar a la finalidad para la que se otorgan.

Inicialmente, se pretendía tomar como modelo el Ayuntamiento de Valencia o la Asamblea Regional de Murcia para que se pudiera acceder -por ejemplo a través de la web- a los detalles. Hasta el momento, los ciudadanos no han podido saberlo pese a que en numerosas instituciones y organismos está establecida la rendición de cuentas. Máxime cuando se trata de dinero público.

Todo, además, pese a las advertencias y recomendaciones de la Sindicatura de Comptes , que ha pedido en sus últimos informes un mayor control en el destino de las subvenciones de los grupos. Y es precisamente en ello en lo que se ampara la presidencia de las Cortes para exigir la documentación. «No vamos a incurrir en una ilegalidad por culpa de terceros», afirman fuentes de la Cámara. Si no consiguen los justificantes para comprobarlos, esperan que los requiera la propia Sindicatura .

La argumentación general de los grupos es que el Tribunal de Cuentas ya realiza la fiscalización pertinente. Además, algunos de ellos transfieren parte de las subvenciones directamente a su partido, por lo que tampoco se podrían consultar. Pero lo cierto es que sigue siendo insuficiente. Ni siquiera Compromís, partido al que pertenece Morera, parece favorable a dar un paso adelante en este sentido.

«No habrá nada raro, pero tenemos que cumplir», comentan desde la Cámara. Sin embargo, sí existen problemas que pueden salir a la luz en determinados grupos, como la contratación poco regular de asesores, el alquiler de locales para eventos, la compra de objetos para el trabajo como cafeteras o cámaras de fotos -las subvenciones no pueden destinarse a este tipo de material- o las sospechas de engrosamiento de la nómina de diputados con sobresueldos.

Salarios y kilometraje

Actualmente, cada grupo recibe al mes 10.500 euros fijos. A lo que se le añaden 1.400 euros por parlamentario y otros 1.033 euros, también por diputado, para personal. Al año, el total suma más de dos millones de euros. Las nóminas de sus señorías también tienen una parte fija de unos 2.400 euros mensuales, que va aumentando con complementos, desde los de dedicación exclusiva a los de presidencia o asistencia a comisiones (al margen de otros cargos como la portavocía de grupo).

Un caso específico es el del desplazamiento, cuya cantidad varía dependiendo del número de veces que acuden a las Cortes y de la distancia recorrida. Los diputados cobran 0,32 euros el kilómetro si residen fuera de Valencia. El problema viene cuando se ha de abonar este dinero pese a contar con un piso alquilado en Valencia, lo cual se da en algún caso. Que los parlamentarios firmen una declaración responsable sobre sus movimientos será otra de las propuestas que lleve Presidencia a la comisión de Gobierno Interior.

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