Covid-19

Clamor empresarial para que el Consell paralice la Ley del Juego en plena crisis por el coronavirus

La norma se debatirá el próximo lunes en les Corts Valencianes y puede abocar al cierre al 95% de establecimientos con miles de parados

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Ximo Puig, en una reunión esta semana con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y los secretarios generales de UGT-PV, Ismael Sáez, y CCOO-PV, Arturo León EFE

ABC

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana ( CEV ), varias asociaciones empresariales y el sindicato UGT han pedido que se tenga en cuenta la crisis económica provocada por el Covid-19 y que no se pongan en peligro más puestos de trabajo con la aprobación de la Ley del Juego de la Comunidad, por lo que exigen su paralización.

En opinión del presidente de la CEV, Salvador Navarro , “no tiene sentido legislar tomando como base un escenario completamente distinto al que había cuando se tramitó la ley”. Ya en el momento de la tramitación, la CEV se opuso al cambio normativo al considerar que no estaba justificada una legislación tan restrictiva , que puede dañar gravemente la industria del juego, que en la Comunitat Valenciana mantiene más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería, y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la Administración dejaría de recaudar.

En ese sentido, y puesto que no es un tema prioritario en el contexto actual, la CEV pide que se paralice la aprobación de la Ley del Juego y que se ayude al sector con medidas fiscales que le ayuden a superar la crisis actual. Al respecto, la Confederación incluye en su informe “Mejorar la competitividad para favorecer la recuperación, a partir del COVID-19”, una serie de propuestas dirigidas a conseguir este objetivo.

También UGT

Las asociaciones del sector del juego Andemar CV, Anesar CV, Apromar, Asvomar; las patronales del sector del juego privado Cejuego y Anesar ; la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana ( Conhostur ), sus asociaciones miembro y el sindicato UGT han pedido de forma conjunta la paralización de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana, que se debatirá el lunes en el pleno de Les Corts, ya que advierten que hará "grandes estragos" en el empleo.

Así lo han indicado en un comunicado en el que avisan de que la aprobación de esta ley, en un contexto marcado por la crisis sanitaria y económica por la Covid-19, "hará grandes estragos en el empleo y la recaudación de las arcas públicas" de la Comunitat Valenciana. Estas organizaciones han mostrado su preocupación ante la posible aprobación de una norma que, subrayan "se redactó en un escenario pre Covid-19, lo cual la deslegitima completamente, al haber cambiado drásticamente nuestro mundo y sociedad".

"Nadie podía pensar hace tan solo tres meses que íbamos a estar más de dos meses confinados en nuestras casas, que iban a morir cerca de 30.000 españoles, que tendríamos que vivir con mascarillas o que el PIB iba a caer más de un 10% al final del año. La aprobación de esta ley, recordamos enormemente restrictiva con el sector del juego, y que supondría el cierre de más del 95% de los Salones de Juego en los próximos años, hará grandes estragos" y agravará la situación generada por la pandemia, según denuncia la presidenta de Anesar CV, Miriam Mayordomo .

El sector del juego en la Comunidad Valenciana supone el 2,3% del PIB de la región y genera 140 millones de euros en impuestos directos para la hacienda Valenciana, por lo que la aprobación en estos momentos de la Ley del Juego "supondría un grave impacto económico tanto en el PIB de la Comunidad Valenciana como en el propio sector, llevando al cierre de más de 400 salones de juego y a la pérdida de empleo de casi 3.000 empleos directos del sector y cerca de 8.000 indirectos".

Según sostienen estas entidades, la ley "está basada en unas hipótesis de partida y escenarios totalmente caducos a día de hoy, y consta de mediadas ya de por sí tremendamente restrictivas con el sector del juego", además de que la atribuyen a cuestiones "ideológicas".

Según las palabras de Manuel Espinar , presidente de Conhostur, "el sector turístico sufrirá los daños más persistentes y estará abocado a un ajuste estructural por lo que crecerá más lento en España y en la Comunitat Valenciana. No podemos permitirnos el lujo de nuevas normativas que empeoren la actual situación, teniendo en cuenta que muchos empleos de ocio y hostelería dependen del sector del juego".

Desde el sindicato UGT-PV se señala que el sector aporta 39,2 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, además de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectamente en el sector de hostelería, sector mermado ya por los ERTE. Al respecto, el secretario sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación Estatal de Movilidad y Consumo de la UGT-PV, Gonzalo Aranda , pide un nuevo proceso normativo "que dé más garantías a los trabajadores del sector".

«Ideología»

"Tenemos que pensar en salvar vidas y reconstruir un país, no en temas ideológicos. No podemos poner en peligro puestos de trabajo por malas decisiones. Para garantizar la sostenibilidad de la actividad, hace falta mejorar el marco regulatorio estableciendo las medidas necesarias dirigidas a acabar con la alarma social existente en la actualidad, pero sin que estas impliquen el fin de una actividad, generadora de riqueza, empleo de calidad, tributos y, sobre todo, entretenimiento para la Comunidad", ha añadido el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce .

Desde Andemar CV, su presidenta, Encarna Gaspar , recalca que "el juego problemático en la Comunitat Valenciana se sitúa en un 0,3%, el mismo nivel que en el resto de España, siendo nuestro país uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego problemático".

"También nos gustaría recordar que desde el inicio de la tramitación de esta ley hasta el último momento antes de la votación de las enmiendas, el sector ha trasladado a los partidos del Botànic propuestas alternativas dirigidas a paliar el impacto negativo de la misma en el empleo y recaudación fiscal, pero buscando dar respuesta a las demandas de la ciudadanía", ha añadido.

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