Valencia

Denuncian la situación límite de la asistencia sanitaria en las prisiones con un 65% de médicos menos

El sindicato Acaip alerta de más casos de sarna contagiados a funcionarios y el trapicheo con medicamentos al no controlar su ingesta

Representantes del sindicato Acaip durante la rueda de prensa ofrecida en Valencia ABC

ABC

La atención sanitaria en las prisiones de la Comunidad Valenciana está al borde del colapso por falta acuciante de médicos -hasta un 65% menos tras los recortes- y con un deficiente seguimiento de los enfermos crónicos, según ha denunciado este jueves la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ( Acaip ).

En una rueda de prensa celebrada en la sede de UGT de Valencia, el responsable provincial del sindicato, Alberto Téllez , ha informado de que este viernes ha sido citado a testificar en el marco de una causa abierta tras una denuncia del sindicato -interpuesta en 2018- hacia los anteriores gestores de Instituciones Penitenciarias.

"La prisión de Picassent es la más grande de España y la segunda de Europa. Tiene una población reclusa que suele rondar los 2.100 reclusos , con más de 160 ingresados en el módulo de Enfermería, internos con patologías psiquiátricas, demencias o enfermedades neurodegenerativas, mayores de más de 70 años, diabéticos, además de consumidores de drogas, enfermos mentales, de SIDA o hepatitis", ha enumerado.

En torno al 40% de los internos "tiene alguna patología mental, algunos sin diagnosticar -según Téllez-; ha habido embarazadas que han dado a luz en la sala de curas o niños de hasta 3 años con urgencias pediátricas, y todo ello en una estructura arquitectónica demencial, que puedes tardar en recorrer cerca de media hora".

Según Acaip, el personal sanitario de los centros penitenciarios de la Comunitat se ha reducido a la mitad en el caso de los auxiliares de enfermería y al 65% en el caso de los médicos, con el agravante de que quienes actualmente ejercen rondan los 60 años.

"En Picassent, en once módulos se pasaba consulta una vez a la semana (20 internos por día) y en otros 15 módulos cada 15 días, pero si tenemos en cuenta que en cada módulo hay hasta 150 internos... Son imposibles estas consultas, con lo que se sobrecargan las urgencias y se encarga a funcionarios sin formación sanitaria que hagan el triaje previo", ha explicado Téllez.

Falta personal

"Según la plantilla oficial, debería haber 21 médicos para hacer turnos de 24 horas, 365 días al año, pero en el momento en que se formalizó la denuncia solo había 13, un número que se reducía a 8 por las bajas. Y esta situación ha empeorado porque ahora solo hay 6, con lo que, debido a los turnos y a los descansos, raro es el día que hay dos médicos y las consultas programadas se han terminado, es imposible desarrollarlas ", ha denunciado.

En Castellón, según este sindicato, los médicos se han visto obligados a hacer guardias de 24 horas en días alternos.

"En el hospital psiquiátrico de Alicante solo un psiquiatra y dos médicos atienden a 277 internos, a quienes se suministra un millar de tratamientos diarios, con lo que es imposible que el personal sanitario compruebe la ingesta de las dosis", ha agregado este dirigente de Acaip.

El sindicato denuncia el incremento de los casos de sarna en las prisiones, que incluso han llegado a contagiar a funcionarios, o la falta de personal para entregar los medicamentos diarios que toman los internos, de modo que los viernes se les suelen dar las dosis de todo el fin de semana, favoreciendo así las sobredosis o los trapicheos.

Por otra parte, Acaip insiste en la necesidad de conectar las bases de datos de los sistemas sanitarios públicos y penitenciarios, actualmente aislados, para evitar complicaciones y que los médicos de prisiones tengan que "bordear la legalidad" para pedir información sobre determinados reclusos.

A juicio de Acaip, esta situación es consecuencia del conflicto entre Interior y las comunidades autónomas, que se niegan a asumir las competencias sanitarias de los centros penitenciarios por el elevado gasto farmacéutico que implica o quizá, apunta Téllez, por la voluntad de privatizarlas.

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