La cuenta atrás para Mónica Oltra comenzó el mismo día que su exmarido Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada en el centro en el que trabajaba como educador. Tanto en aquella sentencia, como en la que se dictó tras la repetición del juicio, los magistrados reprocharon a la Conselleria de Igualdad, que dirige la líder de Compromís, su actitud respecto a la víctima. La menor, de hecho, llegó a ser trasladada a una de las sesiones de los juicios esposada.
Desde el Palau de la Generalitat siempre se ha observado el caso que salpica a la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano con inquietud. Sin embargo, hasta ahora el presidente autonómico, el socialista Ximo Puig , ha cerrado filas con su «número dos». En reciprocidad, desde las filas de Compromís se ha brindado apoyo al jefe del Ejecutivo en el caso, también judicializado, de las subvenciones públicas a su hermano Francis Puig.
Este jueves sin ir más lejos, Mónica Oltra proclamó en las Cortes Valencianas que no iba a dimitir por más que se lo pide la oposición. Para entonces no había transcendido la última resolución judicial que reclama su imputación.
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El caso de los abusos a una menor tutelada por parte del entonces marido de Oltra -pendiente ahora de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo - sumó una derivada cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia reabrió una investigación, por orden de la Audienca Provincial, para esclarecer si desde la Conselleria de Igualdad se trató de ocultar el caso y desacreditar a la víctima mediante una «instrucción paralela» a la que ya habían empredido los tribunales y la Fiscalía de Menores.
Es en esta causa, que ya suma trece investigados entre altos cargos y funcionarios, en la que el juez entiende que existen «indicios racionales y sólidos» de la participación de la vicepresidenta de la Generalitat. Dado que Mónica Oltra es aforada y no puede ser investigada por una Juzgado ordinario , el magistrado del número 15 de Valencia ha reclamado en una exposición razonada demoledora que sea imputada por el Tribunal Superior de Justicia.
La decisión está ahora en manos de la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano, pero el auto acelera la cuenta atrás para Mónica Oltra y pone en un brete la estabilidad del Gobierno de la Generalitat a poco más de un año de las elecciones autonómicas.
Ximo Puig preside un Ejecutivo de coalición formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos al que una eventual imputación de su vicepresidenta pondría en riesgo de una grave crisis en vísperas de los comicios. Mónica Oltra fue cabeza de cartel de Compromís en 2015 y en 2019. Su partido le ha abierto la puerta a repetir en 2023 ante la ausencia de alternativas a su liderazgo, más allá del conseller de Educación, Vicent Marzà , un dirigente con peso orgánico pero sin tirón electoral.
En plena cuenta atrás para las elecciones autonómicas, el devenir del caso de los abusos del exmarido de Oltra ha pasado de ser un quebradero de cabeza para el tripartito valenciano a convertirse en su principal motivo de preocupación.