Alicante
Crimen de Polop: los detalles de un asesinato de sicarios por encargo
Los disparos se efectuaron desde el mismo lado y había vigilantes que conocían la agenda del alcalde Alejandro Ponsoda para ejecutarlo
Armas del mercado negro , disparos desde el mismo lado del coche donde se encontraba la víctima y vigilantes para asegurarse de la ejecución,todo orquestado sabiendo la agenda de ese día de la víctima. El asesinato del alcalde Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda en 2007 se consumó con precisión por encargo a unos sicarios , según ha quedado patente este viernes en el juicio por el crimen ante un jurado popular.
El jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid que intervino en la investigación de esta muerte, ha asegurado que "la única autoría intelectual posible era de Juan Cano", concejal en aquel momento y acusado de instigar el crimen.
El agente, que ha declarado este viernes en el juicio, ha explicado que a finales de 2007 la investigación se centró en Juan Cano y en el posible encargo del crimen, tras descartar definitivamente la vía del entorno personal . Durante la sesión, la jueza ha llamado la atención en reiteradas ocasiones a Cano por estar hablando y realizando muecas. Finalmente, la magistrada ha decidido expulsarlo de la sala.
En su testimonio, el agente ha indicado en la sala del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante, que, partiendo de la inspección ocular, se confirma que se utilizaron dos armas cortas provenientes del mercado negro, lo que nos indicó, "que proceden de un entorno criminal ".
Además, fueron disparadas desde el mismo lateral lo que indica dos tiradores , así como posibles vigilantes y, por tanto, la existencia de un encargo ha explicado el investigador. En cuanto a las armas, asegura que son de calibre corto "Beretta de 9 mm", provenientes del mercado negro, "lo que indicó la existencia de un entorno criminal", ha asegurado.
Entorno profesional
Asimismo, ha declarado que la investigación se decantó por el entorno profesional, ya que sabían que la víctima llegaría a su domicilio sobre las de nueve de la noche, "hora habitual a la que le daba la cena a su padre", y que antes tenía programada una actividad municipal, "una conferencia de prevención del sida", lo que obliga, asegura el agente, "a la necesaria planificación y que fuera gente próxima al alcalde ".
El agente ha relatado que se centraron en buscar a personas de la Marina Baixa, que tuvieran relación con armas, y en diferentes investigaciones de la policía judicial de Altea aparecieron los nombres de Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski.
A esto se sumó, ha añadido el entonces jefe de la UCO, en la investigación realizada en Valencia, que les encontraron a Robert y a Radim armas y munición compatibles con las que "según el análisis de balística se utilizaron en el asesinato de Ponsoda", ha dicho.
El agente, que ha confirmado que la investigación se consolidó después de que surgiera el testigo protegido y la localización del Club Mesalina, ha añadido que, en el transcurso de las entrevistas, el testigo protegido concretó el encargo e identificó a la persona que presuntamente hizo el encargo como "el director de la CAM".
Esto permitió, ha añadido el agente, relacionar a Juan Cano directamente con el encargo del asesinato. Además, el agente ha citado al menos a tres personas que han identificado al acusado como cliente habitual del club Mesalina.
«Odio» del concejal
El que fuera jefe de la UCO ha descrito la relación de Juan Cano hacia Alejando Ponsoda como "odio y rechazo" y ha afirmado que desde el inicio de la investigación se empezaron a conocer los conflictos entre ambos , "lo que nos hizo reproducir su trayectoria política".
Los agentes de la UCO que investigaron el caso han declarado que se desechó la línea de investigación relacionada con la vida personal del alcalde, porque" no apareció nada relevante en el transcurso de investigación".
Ministerio Fiscal y acusación particular solicitan 25 años de cárcel para los cuatro inductores e instigadores del asesinato y otros 25 para los tres presuntos autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Alejandro Ponsoda, más dos por tenencia ilícita de armas. Las defensas de los siete acusados piden la libre absolución.
