Las Cortes Valencianas pedirán al Tribunal de Cuentas la justificación de los gastos de los grupos

Los intentos de aumentar la transparencia en el destino del dinero proveniente de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios por su representación han sido en balde hasta el momento. Las llamadas a acabar con la opacidad en los gastos han sido totalmente ignoradas por los partidos en las Cortes Valencianas y la cuestión se eterniza en el tiempo. Comprobar a qué se dedica (nóminas, personal...), facilitar los tickets de los desplazamientos, dietas, adquisición de material o alquiler de, por ejemplo, locales y verificar que esas cantidades vayan a parar a la finalidad para la que se otorgan es misión imposible.

El debate resurgió hace ya dos años, pero nadie ha sido capaz de llegar a un acuerdo. Ante esta situación, la presidencia de la Cámara, al frente de la cual está Enric Morera, ha transmitido diversas advertencias a los partidos, recibidas como quien oye llover. Dada la situación, desde este órgano informan de que tienen previsto remitir en los próximos días un escrito al Tribunal de Cuentas . En él preguntarán a qué grupos han fiscalizado los gastos, para a continuación solicitar que remitan la documentación contable de aquellos que no han sido sometidos a ninguna comprobación.

La estrategia de la Cámara es prepararse para cuando la Sindicatura de Comptes -en línea con la de Greuges y con la Agencia Antifraude- sonroje la cara al Parlamento valenciano de nuevo, concluyendo que el control del destino de las subvenciones no es precisamente exhaustivo. De esta manera, las Cortes Valencianas pondrán a su disposición -si lo consiguen- la justificación de esas cantidades que, al menos, obra en poder del Tribunal de Cuentas y a la cual ahora no tienen ni siquiera acceso.

La argumentación general de los grupos es que el Tribunal de Cuentas ya realiza la fiscalización pertinente. Además, algunos de ellos transfieren parte de las ayudas directamente a su partido, por lo que tampoco se podrían consultar. Pero lo cierto es que sigue siendo insuficiente. Ni siquiera Compromís, partido al que pertenece Morera, ha dado un paso adelante efectivo en este sentido pese a las manifestaciones públicas en favor de la transparencia.

El asunto con el que ningún partido se pone de acuerdo, además, se suele abordar en la comisión de Gobierno Interior, que se celebra a puerta cerrada y sin dar cuenta a los medios de comunicación.

Actualmente, cada grupo recibe al mes 10.500 euros fijos. A lo que se le añaden 1.400 euros por parlamentario y otros 1.033 euros, también por diputado, para personal. Al año, el total suma más de tres millones de euros. Las nóminas de sus señorías también tienen una parte fija de unos 2.400 euros mensuales, que va aumentando con complementos, desde los de dedicación exclusiva a los de presidencia o asistencia a comisiones (al margen de otros cargos como la portavocía de grupo).

Un caso específico es el del desplazamiento, cuya cantidad varía dependiendo del número de veces que acuden a las Cortes y de la distancia recorrida. Los diputados cobran 0,32 euros el kilómetro si residen fuera de Valencia. El problema viene cuando se ha de abonar este dinero pese a contar con un piso alquilado en Valencia, lo cual se ha venido dando en algún caso.