Política
Las Cortes se ponen finalmente de acuerdo para condenar las agresiones del 9 d'Octubre
Ciudadanos presenta una declaración institucional alternativa a la que criticaba la gestión política que consigue la firma de todos los grupos
Las Cortes Valencianas han conseguido finalmente ponerse de acuerdo para condenar las agresiones de los grupos ultras durante el pasado 9 d'Octubre y que han acabado con varias detenciones. La declaración institucional pilotada por Podemos y por Compromís -y que contaba con el apoyo del PSPV- no conseguía ayer el respaldo unánime por su contenido , y PP y Ciudadanos se negaron a firmarla.
La causa principal del desacuerdo de PP y Ciudadanos con el texto era un párrafo en el que se señalaba: «Las Cortes quieren manifestar su preocupación por la ineficiente gestión por parte de los comandos políticos de los efectivos de las fuerzas de seguridad disponibles, a pesar de ser conocido el ánimo por generar conflictos de los grupos simpatizantes de partidos de la ultraderecha». Ambos partidos criticaban que se pretendiera censurar de esa manera la actuación de Delegación del Gobierno y de la Policía .
Tras ese desencuentro, Ciudadanos decidía presentar un texto alternativo, que es el que finalmente ha salido este jueves adelante y al que se ha dado lectura durante el pleno con la firma de todos los grupos. En el nuevo documento, las Cortes manifiestan su «firme condena» a los actos violentos, verbales y físicos ocurridos durante la procesión cívica matinal y la manifestación vespertina con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.
«Las agresiones, insultos y exhibición de simbología nazi por parte de movimientos ultra empañaron un día de celebración para todo el pueblo valenciano», señala el texto.
Esos grupos, añade la declaración, intentaron « interrumpir el normal ejercicio de expresión de los valencianos que quisieron sumarse a la marcha dentro del marco de reivindicación democrática en un entorno de respeto y convivencia».
El Parlamento autonómico ha recordado que el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y de manifestación, derechos ambos por los que el Estado y las Fuerzas de Seguridad deben velar para asegurar su libre ejercicio en un entorno de seguridad y con plenas garantías.
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