Covid-19
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Diferentes organizaciones han convocado este jueves 27 de enero una nueva manifestación en forma de cacerolada frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), para protestar contra el pasaporte covid y la vacunación infantil contra el coronavirus .
Unión Activa Valencia, Triple V y NANOM (No al Nuevo Orden Mundial) concentrarán nuevamente a sus seguidores, después de las dos últimas protestas celebradas en Valencia en el pasado mes de diciembre, después de que entrara en vigor la exigencia de presentar el certificado de vacunación para acceder a determinados locales, establecimientos y eventos.
La manifestación llegará un día después de que el TSJCV se pronuncie sobre la vacunación pediátrica en los centros educativos , sobre la cual debe estudiar el recurso presentado por un abogado para suspender o mantener la inmunización de los escolares.
«La implementación del pasaporte covid ha supuesto una vulneración flagrante de los derechos fundamentales que amparan a los ciudadanos españoles mientras que la inoculación indiscriminada se está llevando a cabo sin prescripción pediátrica ni un consentimiento debidamente informado», exponen los convocantes de la marcha negacionista.
Para Unión Activa Valencia, la aprobación del certificado covid «no solo fue una decisión judicial contraria a la Constitución Española», sino que además «ha demostrado su total inutilidad y un efecto contraproducente en todos los niveles de la sociedad». Igualmente, destaca que algunas comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y Aragón ya han renunciado a seguir haciendo uso de esta herramienta. «Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig , lejos de entrar en razón, ha anunciado su intención de ampliar su uso», comentan.
«El fiasco de las inoculaciones experimentales que permiten, y según algún estudio incluso incrementan, el contagio, combinado con la implementación del QR, la estacionalidad del virus y el testeo masivo han tenido como resultado un aumento espectacular de los casos y de la incidencia acumulada», añaden.
Asimismo, dichas organizaciones también denuncian la « coacción a quien no quiere inocularse por no considerar necesarias, efectivas y seguras las inyecciones génicas experimentales», así como el líder del Ejecutivo valenciano defienda su impacto económico alegando que genera más seguridad en los locales.
Para estas asociaciones estos argumentos «carecen de base» y suponen una «burla al sector hostelero que ha sufrido un evidente chantaje por parte del Gobierno valenciano tras el sufrimiento infringido con medidas anticientíficas». «Así, en dos años, la pequeña y mediana hostelería valenciana ha sido uno de los grandes damnificados por la gestión política, además de los niños», explican.
Unión Activa Valencia sostiene que la estrategia de vacunación de la Generalitat esconde «motivaciones espurias, poco transparentes y profundamente antidemocráticas». «Tal vez el Gobierno autonómico está vendiendo los derechos de los ciudadanos a los intereses de las farmacéuticas. Estas empresas firmaron contratos secretos con la Comisión Europea (recordamos que la presidenta Van der Leyen está casada con un CEO de una biotecnológica ligada a Pfizer)», subrayan.
Ante esta situación, llama a participar masivamente en la protesta ante el TSJCV , «órgano judicial que no ha puesto ninguna limitación de momento al gobierno de Ximo Puig», para expresar públicamente que un nuevo auto favorable al pasaporte «caería ya en una posible prevaricación y connivencia con las restricciones antidemocráticas que el presidente lleva meses imponiendo».
Por último, Unión Activa Valencia insta al Tribunal Superior de Justicia «a proteger el Estado de Derecho y a hacer valer la democracia, fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales de los ciudadanos».
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