CONFLICTO HÍDRICO
El Constitucional admite un recurso manchego para asegurar trasvases del Júcar a Albacete
La Junta que preside el socialista García Page rechaza la adscripción de algunos territorios valencianos a la demarcación hidrográfica de este río, que había decidido el Gobierno central
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha referido a la definición de la cuenca del Júcar, en lo que se refiere a algunos territorios adscritos a esta demarcación hidrográfica, por entender que podría mermar la capacidad de trasvases a la provincia de Albacete.
Este recurso trata de cambiar un decreto aprobado por el Gobierno central el pasado 8 de enero de este año, según ha informado la Junta -presidida por el socialista Emiliano García-Page - en nota de prensa.
Hace cinco meses, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz , afirmaba que la nueva definición legal consolida la inclusión provisional realizada en 2013 de una serie de cuencas situadas en la Comunitat Valenciana como parte del sistema del río Júcar al que antes no pertenecían.
Entendía que se produce una merma de los derechos de agua de la cuenca cedente en un doble sentido. En primer lugar porque permite que intercambios de agua que antes eran considerados trasvases pasen a ser simples derivaciones internas entre caudales de una misma cuenca, en zonas valencianas. Al mismo tiempo, se sustrae el acceso a nuevos caudales de agua a la provincia de Albacete, según sus tesis. En concreto, la consejera hablaba de una importante empresa albaceteña potencialmente afectada del sector agroalimentario.
Cambio de criterio
En cambio, la posición del gabinete de García-Page es claramente antitrasvases, no solo en el caso del Tajo , sino también en este mismo río, el Júcar, cuando se trata de abastecer otras tierras, como demostró con su recurso contra las transferencias al Vinalopó .
El decreto ahora cuestionado recoge la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Segura, Júcar, Guadiana y Tajo , además de otras ocho con las que el Ministerio de Medio Ambiente zanjó el segundo ciclo de planificación 2015-2021.
Tanto es así, que el Ejecutivo manchego exigió la derogación de varios artículos de esta normativa y, al no producirse ningún pronunciamiento del Gobierno de España en el plazo legal de dos meses, presentaba este nuevo conflicto de competencia, esta vez ante el plan de cuenca y ante el Tribunal Constitucional.
También se quejan de la menor representatividad que obtiene la región en los órganos de toma de decisiones de la Confederación Hidrográfica (CHJ, dado que pierde dos representantes porque el cálculo se ve alterado al sumar a la población abastecida de estas cuencas agregadas al sistema.
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