La Conselleria de Transparencia abre expediente sancionador a una empresa del hermano de Ximo Puig

La Conselleria de Transparencia que dirige Rosa Pérez (Esquerra Unida) ha emitido su primer pronunciamiento sobre la polémica de las subvenciones a empresas de Francis Puig , hermano de la Generalitat, Ximo Puig.

El departamento advierte a Comunicació dels Ports de que está obligada por ley a publicar las ayudas públicas que recibe de cualquier Administración (en este caso de la valenciana), algo que no ha hecho. En esa publicidad de las subvenciones ha de indicar la cuantía recibida y la entidad que la otorga , según la propia norma autonómica.

El procedimiento se inició tras una denuncia de la diputada del PP Eva Ortiz. En ella señalaba que se había podido constatar a través del portal de Transparencia de la Generalitat que la mercantil ha percibido, durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018, 125.276,90 euros, 113.787,19 euros y 141.096,01 euros respectivamente . «Cantidades que exceden la cuantía límite (10.000 euros anuales) establecida en el artículo 3 de la Ley 2/2015, lo que implica la sujeción al cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica».

Esta denuncia se da traslado en 2019 al Consejo de Transparencia y, posteriormente, los populares la reiteraron. El órgano resolvió que la información subida al Portal de Transparencia era errónea o estaba incompleta y que Comunicació dels Ports incumplía con sus obligaciones.

Ahora, la Conselleria recuerda que la legislación básica establece, en lo que se refiere a la información económica, presupuestaria y estadística, que las mencionadas entidades privadas « deberán publicar todos los contratos o convenios celebrados con una administración pública y las subvenciones públicas que reciban». Motivo por el que inician expediente sancionador al considerarse infracción.

La resolución indica que, antes de la resolución del expediente, el hermano de Puig puede reconocer voluntariamente su responsabilidad. «En este caso se resolverá el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda », detallan. Así, Francis Puig dispone de un término de quince días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes. El plazo máximo para resolver el expediente será de 3 meses.