La Conselleria de Oltra paraliza más de medio año los programas de integración de inmigrantes

La mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes de la Comunidad Valenciana ha denunciado esta mañana en un comunicado el »abandono de los programas dirigidos a la integración de las personas inmigrantes» por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Esta actitud supone, a juicio de la entidad, «un ataque contra sus derechos». Por ello exige «la puesta en marcha, de forma urgente, de los programas dirigidos a personas inmigrantes para el año 2016».

De acuerdo con la mesa de Entidades de Solidaridad, ante la situación de crisis económica, estos programas son necesarios para las personas migrantes, uno de los colectivos más vulnerables, de manera que «se puedan garantizar sus derechos fundamentales como la atención sanitaria, la vivienda digna, el empleo o el permiso de residencia».

Según la mesa, en los últimos meses se han recortado los fondos públicos autónomicos dirigidos a personas inmigrantes, una carencia que está s iendo sustentada por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha cerrado la Fundación CEIMIGRA, uno de los centros de referencia para la atención de personas migrantes en la Comuniad Valenciana.

La situación afecta principalmente a la red de viviendas de acogida, cuyos gastos están siendo mantenidos por asociaciones. Esta situación pone en peligro la existencia de las plazas, así como de las propias entidades sociales que las gestionan, que han manifestado la posibilidad de cerrar sus programas si los recursos públicos no llegan.

La entidad lamenta que la Generalitat «discrimine entre personas inmigrantes y personas refugiadas» . Asimismo, insisten en que a pesar del posicionamiento del gobierno autonómico a favor de los derechos de los refugiados, en el caso de los inmigrantes «no ha sido igualmente firme».

La falta de actividad también afectaría a los refugiados. En el caso de que a una persona refugiada se le deniegue la solicitud de derecho de asilo, quedaría en la misma situación administrativa que las personas inmigrantes . De esta forma la defensa de sus derechos pasaría a depender de los programas que actualemente se encuentran paralizados.