Política

El Consell ofrecerá la posibilidad de regularizar 400.000 viviendas alegales

La consellera Maria José Salvador ha anunciado que se dará la opción a los propietarios de invertir en el alcantarillado y en las conexiones de luz y de agua

Maria José Salvador, consellera de Vivienda, en la rueda de prensa del Consell este viernes ROBER SOLSONA

ABC

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio , María José Salvador, ha anunciado que la Generalitat ofrecerá a los propietarios de viviendas alegales (unas 400.000) la posibilidad de dar seguridad jurídica y legalizar su situación si invierten en el cumplimiento de la disciplina urbanística. Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha dado conformidad al anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), de 2014, para que siga su tramitación.

Esta medida, que se incluye en dicho anteproyecto de ley, "es una demanda de todos los ayuntamientos y de los titulares de las viviendas", ha añadido Salvador, y pretende "legalizar las situaciones que en estos momentos se encuentran en un limbo por el despropósito de 20 años heredados en los que no se ha actuado". La consellera ha precisado que no se trata de una legalización "masiva", sino que se dará la opción a los propietarios de las viviendas alegales construidas antes de 2015 de invertir en el alcantarillado y en las conexiones de luz y de agua para regularizar su situación.

La modificación de la ley, ha añadido, "aporta medidas e instrumentos para dar solución a los efectos perjudiciales que han tenido en el territorio actuaciones urbanísticas aprobadas o toleradas sobre criterios meramente especulativos y con dejación de las funciones públicas", como los denominados ' PAI fantasma ' o la gran proliferación de viviendas diseminadas sin servicios básicos. Salvador ha informado asimismo de que la figura clásica del agente urbanizador que impulsaba los Planes de Actuación Integral (PAI) "se ha acabado", y los planeamientos urbanísticos se dejan en manos y supervisión de la iniciativa pública , preservándose así la autonomía en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Generalitat.

Así la posibilidad de reclasificar suelo o cambiar el uso dominante del mismo "únicamente se permite a través de programas de gestión directa por las administraciones", ha explicado. El pleno del Consell ha acordado que se someta este anteproyecto al Plan de Participación Pública y Consulta, así como que se abra un periodo de audiencia ciudadana a través de la página web de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio durante el plazo de 2 meses. También se deberá recabar los dictámenes del Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana y del Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Esta modificación afecta a cerca de cien artículos del texto legislativo ante "la necesidad de implantar nuevas políticas urbanas y de actuación sobre el territorio que se basen en un urbanismo al servicio de las personas y del interés general", según el Consell. Tiene además por objetivo establecer un régimen que favorezca las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana para facilitar las intervenciones en ámbitos de suelo urbano destinadas a mejorar la calidad de los que pudieran estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad social.

Asimismo, se crea la figura del Rehabilitador para posibilitar la edificación en solares que se mantienen "especulativamente abandonados" y también en aquellas zonas degradadas de la ciudad bajo un control público de los objetivos de la actuación. La modificación de la Lotup también incorpora la implantación progresiva y gradual, con un control autonómico sobre su cumplimiento, de la obligación de realizar un Informe de Evaluación de Edificios (IEE). En la modificación de la ley se elimina , tal y como han mandatado Les Corts Valencianes, la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y se establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), en los que la participación de las instituciones públicas va a ser "más intensa que en la figura anterior".

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