Política

El Consell llevará a la Fiscalía los gastos de Gerardo Camps en su etapa como conseller

Oltra considera un «escándalo» el gasto de 342 euros al día en dietas

El conseller Manuel Alcaraz y la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras el pleno ROBER SOLSONA

EFE

El Consell llevará a la Fiscalía los gastos en comidas de la Conselleria de Hacienda y las empresas públicas que dependían de ella durante la etapa de Gerardo Camps como conseller , por importe de más de medio millón de euros en cuatro años, porque a juicio de la vicepresidenta, Mónica Oltra, «se han traspasado todos los límites que se podían traspasar» y son otro «escándalo mayúsculo».

En la rueda de prensa posterior al pleno, Oltra ha indicado que el PP valenciano ha «pulverizado el tópico de que la derecha gestiona bien», pues a su juicio «gestiona mal, saquea, despilfarra y vive una vida prestada a costa de los demás y por encima» de las posibilidades. Para Oltra, se trata de gastos impropios . «Esto no son gastos de representación, sino darse una vida de lujo a costa del sufrimiento de miles de valencianos, a los que paralelamente recortaban en derechos». Los gastos, no obstante, son del periodo 2007-2011, cuando aún no habían comenzado a aplicarse los recortes a los que ha aludido Oltra.

La vicepresidenta ha indicado que esto forma parte de la «ruina en diferido» que ha dejado el Consell del PP, y de la «mala reputación» y la «vergüenza» que, según ella, sienten los valencianos cada vez que se hacen públicas noticias como esta. «Medio millón de euros en gastos de restaurantes, hoteles y comidas de lujo en cuatro años suponen 342 euros al día», cantidad que «muchas familias tienen en un mes para sobrevivir», ha resaltado Oltra, que ha criticado que se lo gastaran «en comilonas y en artículos de lujo, con una vida prestada a costa de las arcas públicas».

Ha añadido que esto ocurrió «un día tras otro» en los años en que se recortaban derechos a los ciudadanos (pese a que los periodos temporales que ha unido en su intervención no se solapan), en los que estaba formando un «tapón» de 45.000 personas que tenían derecho a las ayudas a la dependencia y se quedaron en espera, y en los que las personas más vulnerables no tenían acceso a la renta garantizada de ciudadanía.

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