Tribunales

Condenan a la Generalitat Valenciana a pagar 90.000 euros por el acoso laboral a un profesor

El docente denuncia que el instituto «funcionaba con una dinámica de servidumbre, sectarismo y pensamiento único»

Imagen de archivo del conseller de Educación, Vicent Marzà MIKEL PONCE
Irene Medina

Irene Medina

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«Ha sido un drama personal . Esos años fueron de destrucción a todos los niveles, con problemas físicos y psicológicos. Era un ataque continuo». La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat a pagar 90.000 euros a un profesor de un centro público que fue acosado laboralmente.

La sentencia declara que la Conselleria, dirigida desde 2015 por Vicent Marzà , ha vulnerado las obligaciones impuestas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que el docente ha sido sometido a acoso laboral en el IES Veles e Vents de Torrent (Valencia). La Administración ha sido condenada a indemnizar al profesor con 90.000 euros en concepto de daños morales y adicionales, y de 613,19 euros por lucro cesante del año 2018, más los intereses legales desde la presentación de la demanda.

El docente, que prefiere conservar su anonimato, explica en declaraciones a ABC que entró al instituto Veles e Vents de Torrent en el año 2008 y vio que «todo funcionaba con una dinámica de servidumbre, sectarismo y pensamiento único». «Había una oligarquía que estaba ahí, hacía lo que le daba la gana y tenía sus privilegios; y el resto les servía», indica.

«Funcionaba como un cortijo. El equipo directivo tenía mejores horarios y privilegios , y repartía ese tipo de prevendas con la gente que le era afín, quienes les defendían ante el conflicto y las discrepancias. Hay muchas personas en ese centro que han sufrido mucho», apunta.

En este contexto, añade que durante nueve años «hubo cientos de bajas laborales». «En una plantilla de ochenta personas, había tal ambiente tóxico que entre veinte y treinta personas al año estaban de baja. Ha habido muchas personas machacadas porque no tenían esa forma de pensar», lamenta.

Por ello, el profesor detalla que, desde 2008, denunció el acoso a las diferentes instancias de la administración educativa: Inspector del Centro, Inspector Jefe Territorial, Directora Territorial, Dirección General de Centros, Inspección General de Servicios, INVASSAT e Inspección Médica. El último de los escritos denunciando su situación fue ante el propio Conseller de Educación, Vicent Marzà , en junio de 2016. Todo ello, asegura, no tuvo respuesta.

En este sentido, la sentencia indica que «ninguna de las escalas jerárquicas en el sector educativo al que pertenecía el actor procuró que no existiera riesgo para el demandante, cuya salud psicológica (depresión mayor) estaba gravemente afectada , ni palió los riesgos existentes, pues ni se incentivaron en tiempo protocolos de prevención, ni se tomaron medidas tendentes a una real y efectiva solución del grave conflicto laboral enquistado en el IES Veles e Vents».

Maltratado psicológicamente de forma continua

«Me ha supuesto un sufrimiento indescriptible , ha sido un drama personal. Estuve más de dos años de baja por ansiedad y depresión porque no podía soportarlo. Esos años fueron de destrucción personal a todos los niveles, con problemas físicos y psicológicos. Dejas de desarrollarte como profesor y de rendir con tus alumnos, no estás más que a la defensiva porque era un ataque continuo», recuerda.

A este respecto, la sentencia considera probado que al docente «se le maltrataba psicológicamente y de forma continua en los Claustros y en las Comisiones de Coordinación Pedagógica, sin que el director tomara medidas al respecto». «Había una corriente de rumorología en torno a él; se advertía a los profesores de que era una persona non grata; se le hacía el vacío; er a llamado 'el psicópata' ; la mayor parte de los profesores no querían tener trato con él, coincidir en guardias ni recibir correos suyos; y se lo manifestaban», añade.

«Nadie se quería juntar conmigo para que no le estigmatizaran», lamenta el docente. En concreto, ejemplifica que, cuando entraba a la sala de profesores, todos los compañeros salían de ella. «Se te desprestigiaba continuamente. Buscaban que perdiera los papeles y tuviese una reacción inapropiada, cosa que nunca pasó», expresa.

Por ello, recopiló las pruebas para acudir a la Justicia. «Eran documentos de reuniones donde se cometían ilegalidades o correos agresivos de compañeros. Por ejemplo, por edad me correspondía ser el secretario de órganos colegiados, pero se me apartaba porque sabían que podía ser molesto. Hacía cursos que había que retribuir y no se me retribuía, hacía actividades con el alumnado, pero no me lo reconocían», manifiesta.

«No se han exigido responsabilidades»

Por ello, la sentencia resuelve una indemnización de 90.000 euros , en base a las pruebas aportadas y «todas las circunstancias expuestas a lo largo de la sentencia, entre ellas el daño a un bien tan preciado como es la salud , así como a la vista de la continuidad y permanencia del riesgo, la gravedad de los daños producidos por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias, el padecimiento y dolor por el hostigamiento y las humillaciones sufridas, la inobservancia de las propuestas realizadas por el INVASSAT, y la conducta general de pasividad, omisión (e incluso represalia) seguida por todo el aparato educativo».

Pese a la sentencia favorable, catorce años después de que se iniciara todo, que se dictó en enero de este año y es firme, el profesor lamenta que « no se ha exigido ningún tipo de responsabilidad a quienes durante años llevaron a cabo dicho acoso ni a quienes con su pasividad lo permitieron y prolongaron». Entre ellos, resalta al inspector del instituto que «pese a su destacado y decisivo papel en dicho acoso fue promovido al cargo de Inspector Jefe Territorial de Valencia en 2016». «Merece una reprobación, no puede seguir en un puesto de confianza», sostiene.

Sin embargo, el docente confía en que esta sentencia ayude a otros compañeros en su situación y obligue a Inspección a cumplir los protocolos.

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