Investigación por prevaricación administrativa y dos delitos más
Dos concejales socialistas más declararán ante el juez por los 43 posibles enchufes en Benidorm
El exalcalde Agustín Navarro ha pedido que testifiquen Conrado Hernández y Mariola Fluvià al echarle toda la responsabilidad de los contratos su exjefe de Personal
Otros dos concejales de la etapa socialista en Benidorm - Mariola Fluviá y Conrado Hernández , que sigue siendo edil- están llamados a declarar ante el titular del juzgado que sigue la causa de las contrataciones y pluses irregulares en el ayuntamiento durante el mandato de Agustín Navarro , unos 43 posibles enchufes a familiares, afiliados y afines al PSOE.
Ambos tendrán que acudir el próximo día 28 para prestar declaración a petición del propio Agustín Navarro, con quien compartieron gobierno hasta 2011 en el caso de Fluviá, y hasta 2015 en el caso de Hernández. El hoy diputado provincial ha solicitado que testifiquen después de que otro exconcejal, Juan Ramón Martínez, se desentendiera de estos contratos y declarara que todas las decisiones eran suyas, en mayo del año pasado.
Esta declaración se une a la que también deberá prestar el mismo día el coordinador de Recursos Humanos en época socialista, Daniel Caneiro , aunque este lo hará en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, según consta en la providencia del juez, a la que ha tenido acceso Efe.
En esta causa, además, están siendo investigados Navarro, Martínez y la exjefa de Personal Carmen Navarro , a quienes se les acusa de tres presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en la modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El caso deriva de una denuncia formulada por el Sindicato Profesional de Policía local y Bomberos ( SPPLB ) por la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían sido para personas con vínculos políticos o familiares con el PSOE de Benidorm.
Igualmente se investiga la concesión de pluses, complementos de productividad y ascensos de algunos funcionarios afines entre 2009 y 2012.
Todo aquello supuso un desfase presupuestario de 4,5 millones de euros en el capítulo de Personal y contó con los reparos del departamento de Intervención, que fueron levantados por el entonces alcalde.
Anunció una denuncia
Uno de los dos nuevos llamados a declarar, Conrado Hernández, que fue portavoz del equipo de gobierno, mano derecha de Navarro y concejal de Servicios Técnicos, anunció en su día un pleito contra el sindicato por denuncia falsa.
Mariola Fluvià, por su parte, se ocupaba de las áreas de Playas, Medio Ambiente y Contratación.
Precisamente esta semana el sindicato UGT ha denunciado que iba a acudir a la Fiscalía por otros contratos en el ayuntamiento, al tiempo que tiene pendiente a su representante Daniel Caneiro pendiente de acudir a sede judicial a declarar por este caso de posible enchufismo múltiple con el anterior gobierno municipal.
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