Política
Compromís y PSPV vuelven a chocar por el nivel de valenciano que se exigirá a los nuevos funcionarios
La comisión formada por ocho cargos de la Generalitat y dos expertos no alcanza un consenso para fijar el requisito lingüístico a los grupos superiores de la Administración tras un año de negociación
La aprobación de la nueva Ley de Función Pública en marzo de 2021 cerró en falso un debate que la izquierda no había podido resolver desde que alcanzó la Generalitat en 2015: el nivel de valenciano que exigirá a los nuevos funcionarios.
Desde entonces, el requisito lingüístico -sobre todo a los médicos- ha sido motivo de discusión entre los partidos del Gobierno autonómico al no consensuar una fórmula que permita garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a ser atendidos en la lengua cooficial sin lesionar la capacidad de la Administración de atraer talento.
PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem se dieron un año de margen desde la entrada en vigor de la normativa para establecer qué conocimiento del valenciano debían acreditar los futuros empleados públicos según el grupo al que pertenecen, como ya ocurre en otras comunidades como País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares . Hasta ahora, la valenciana solo había tratado su lengua propia como un mérito más.
Pero ese plazo ha vencido y el momento de especificar la letra pequeña ha vuelto a desenterrar el hacha de guerra entre los dos socios del tripartito que tienen competencias en esta materia por los departamentos que dirigen: la Conselleria de Justicia (PSPV) y la de Educación (Compromís).
Esta última deberá determinar qué nivel podrán acreditar los alumnos al final de cada una de las etapas educativas. El objetivo es que al terminar el Bachillerato se obtenga el certificado B2 con efectos retroactivos -ahora es un B1-, para poder acceder a la mayoría de empleos públicos.
La Comisión de Competencia Lingüística - formada por ocho cargos políticos y dos expertos - encargada de elaborar el reglamento que, según se detalló en la ley, debe guardar «el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes», ha entregado este lunes su informe a la titular de Justicia, Gabriela Bravo, sin eludir la polémica.
Según han informado fuentes de este departamento a ABC , el documento propone pedir el certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, un B1 para el subgrupo C2 y un nivel B2 para el grupo B y subgrupo C1.
Sin embargo, traslada dos alternativas para los grupos A1 y A2 -los superiores- que la Conselleria deberá «estudiar» para elaborar el decreto final: exigir un C1 -lo que tradicionalmente se conoce como el 'mitjà'- o un nivel inferior, el B2.
Es el punto de fricción que, tras un año de trabajo, no se ha terminado de resolver y queda en manos del departamento dirigido por los socialistas, lo que ha provocado las críticas de sus socios de la coalición valencianista a golpe de comunicado.
«Es profundamente incoherente que exista pleno acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de educación Infantil, por ejemplo, a quién se le exige el nivel 'mitjà' de valenciano, pero que en cambio se proponga un nivel inferior para personal que ha ser competente para entender y redactar informes de alto valor administrativo », defiende la diputada de Compromís Nathalie Torres.
Torres incide en la existencia de consenso entre agentes sociales, universidades y entidades cívicas en el sentido de que «no se puede exigir un mismo requisito entre quien accede a un puesto catalogado como C2 (auxiliares administrativos) que quien accede a un puesto A1 (cuadros técnicos especializados con titulación universitaria)».
Con ello, asegura la diputada de la coalición, la Comunidad Valenciana sería la única «que no exige el nivel 'mitjà' de la lengua propia al alto funcionariado». «Eso incluye Galicia, gobernada desde hace años por el Partido Popular», ha aseverado.
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