Política
Compromís y Podemos insisten en tipificar la violencia obstétrica como machista pese al rechazo de los médicos
Los socialistas abogan por buscar otro marco legal mientras los facultativos critican la alarma que se genera entre las pacientes
Estas son las ayudas que pueden solicitar las víctimas de violencia de género
La violencia obstétrica , aquella que ejerce un profesional contra una mujer durante el proceso reproductivo, ha provocado el choque entre los grupos de la izquierda valenciana y la comunidad médica, en medio del debate sobre cómo tipificarla y si debe equipararse a la violencia machista.
Compromís y Unides Podem han seguido defendiendo este miércoles la propuesta conjunta que han registrado en las Cortes Valencianas para incluir estas conductas contra el cuerpo de las embarazadas en la ley autonómica contra la violencia sobre las mujeres de 2012 . Sin embargo, los socialistas -que también han firmado el documento- abogan ahora por buscar otra fórmula legal.
En una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2022 el tripartito señala como violencia obstétrica «aquella que sin el consentimiento libre, previo e informado, en el marco de la definición de la OMS, sufren las mujeres durante el embarazo o el parto cuando reciben un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos».
Los colegios oficiales de las tres provincias y algunos sindicatos se han mostrado en contra de un término que, a su juicio, constituye un «ataque directo» hacia ginecólogas y matronas y convierte la «mala praxis» puntual en una «injusta criminalización» hacia los profesionales, al tiempo que crea una «innecesaria alarma social» entre las pacientes.
La Conselleria de Sanidad, dirigida por la socialista Ana Barceló, también se ha posicionado en contra de los términos en los que se ha propuesto esta modificación legislativa por parte de los socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana.
La iniciativa no se debatirá hasta principios de diciembre, por lo que aún hay tiempo para modificarla o retirarla . Lo primero es probable, lo segundo no parece posible, de momento.
La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha puesto el foco en que su formación está dispuesta a hablar pero ha insistido en que la violencia obstétrica «tiene que aparecer en la legislación autonómica para erradicarla» . Con idéntica posición, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha pedido al PSPV que aclare su postura y ha rechazado que se criminalice a los sanitarios, «igual que cuando decimos que la justicia es patriarcal no estamos criminalizando a los jueces».
No obstante, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha pedido consensuar otro marco para «no poner en cuestión la sensibilidad de los profesionales», porque «es una violencia que se ejerce esporádicamente» y no es exclusiva de los hombres hacia las mujeres. En ese sentido, Mata ha abogado por incluirla en la ley nacional del aborto.
«La falta de recursos pone en riesgo a las pacientes»
Desde la comunidad sanitaria inciden en que este tipo de situaciones deben abordarse por las vías legales corespondientes y temen «repercusiones legales derivadas de la asistencia».
«Entendemos que este puede ser solo el principio de un cambio de paradigma en la normativa de la atención médica que podrá afectar a cualquier ámbito o especialidad y no necesariamente sólo a la ginecología-obstetricia, por lo que realizamos un llamamiento a la unidad en contra de la imposición de normativas que lesionan en lo más profundo la confianza en la que ambos, médicos y pacientes, deben basar su relación y que poco tienen que ver con la calidad asistencial», aseguran desde el Colegio de Médicos de Alicante.
Por su parte, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana ha aseverado que «la falta de recursos humanos es la que realmente pone en riesgo a las pacientes» y la que incide «negativamente en la calidad y seguridad del acto médico».
El asunto ya se ha cobrado dos dimisiones , pero desde CESM-CV no descartan que se anuncien más en los próximos días. La presidenta de la comisión contra la violencia de género del departamento de salud del Hospital La Fe, la ginecóloga Ana Monzó, dimitió de su cargo este martes, mientras la jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecologia del Doctor Peset, Reyes Balanzá, también ha decidido dejar de ser miembro de una comisión análoga en su departamento.