Política
La comisión del metro presenta las conclusiones: la línea 1 era insegura y el accidente fue «evitable»
PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos señalan como responsables políticos a 13 cargos del Consell, FGV y RTVV
«El accidente de metro fue previsible y evitable porque la línea 1 no era segura . Hablar sólo de la velocidad del convoy es una estrategia para esconder la mala gestión del transporte público». Ésta es la principal conclusión de la propuesta de dictamen que este viernes han expuesto PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos en las Cortes.
Se trata de un documento de 296 páginas sobre la comisión de investigación del siniestro del 3 de julio de 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La segunda de estas comisiones se ha celebrado diez años después con 20 sesiones, 150 horas de comparecencias y más de 70 testimonios.
Los cuatro grupos apuntan directamente a diversos responsables del accidente . En el ámbito político han acusado al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps ; al exvicepresidente Víctor Campos; a los exconsellers Juan Cotino y Serafín Castellano y al ex director general de Transporte José Vicente Dómine.
En cuanto a la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), señalan a la exdirectora gerente Marisa Gracia; al que fuera responsable de recursos humanos de la empresa pública Dionisio García; al ex director adjunto de explotación Vicente Contreras; al exdirector de operaciones Manuel Sansano; al que fuera jefe de talleres Francisco García Sigüenza; y al exjefe de talleres de València Sud Luis Miguel Domingo.
En las responsabilidades por la comunicación , denuncian al exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García y al exresponsable de Informativos Lluís Motes.
Para los cuatro grupos, las causas del accidente fueron «múltiples» . Se han referido sobre todo a la «falta de inversión y la mala gestión en materia de seguridad» . En este sentido, han hecho hincapié en la incompleta instalación del sistema de frenado FAP y de las balizas, la «obsolescencia» de las UTE, la falta de inversión en material rodante, las averías de manera reiterada y que las ventanas de los convoyes se cambiaron por un modelo cuya seguridad «nadie analizó».
Los autores del informe lo han definido como «técnico, profesional, basado en documentos y comparecencias y alejado de apreciaciones personales o subjetivas», algo que el PP ha criticado en una comparecencia posterior en solitario.
El diputado Alfredo Castelló ha afirmado que se asemejan a «un tribunal de excepción» al presentar una lista de condenados y ha lamentado que frente a ese «equipo» de cuatro el PP fue «apartado». «A estas alturas nadie se cree que ese documento sea técnico y objeivo. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Acabamos condenando a profesionales? Han ido mucho más allá de lo que pensábamos. No tiene sentido diez años después exigir responsabilidades políticas a quien nunca ha sido político. Es un auténtico disparate», ha añadido.
El dictamen se debatirá y votará en comisión el 5 de julio y posteriormente pasará al pleno del 13 y 14 del mismo mes.
