Tribunales
Las claves del caso del exmarido de Mónica Oltra: un condenado por abusos a una menor tutelada y ocho imputados
La Justicia sentenció a cinco años de cárcel al responsable de los hechos, pero sigue investigando si la Generalitat desprotegió a la víctima
El juez imputa a seis cargos de la Conselleria de Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada
Mónica Oltra cree que la investigación judicial sobre la gestión del caso de su exmarido es «una cacería» sin recorrido
La reapertura de la investigación judicial que debe determinar si la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas intentó encubrir los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Oltra ha puesto de nuevo el foco en la gestión que la Generalitat Valenciana hizo sobre este asunto cuando todavía no había saltado al terreno mediático y político.
Desde que se conocieran los hechos y la identidad del acusado, en noviembre de 2019, el caso ha servido como munición a la oposición para exigir en numerosas ocasiones la dimisión de la vicepresidenta y máxima responsable del departamento contra el que se dirigen ahora las pesquisas.
Estas son las principales claves de un proceso que se prolonga durante cinco años y que todavía se mantendrá activo, al menos, durante unos meses.
La denuncia
«La primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos fue el 20 de febrero de 2017 », según dictaminó la Audiencia de Valencia. Tras la exploración a la víctima, ni la dirección territorial ni la directora de la residencia dieron crédito a sus palabras, por lo que no se dio parte a la Fiscalía de Menores. Ese protocolo de actuación sería modificado tiempo después.
Según quedó probado en los tribunales, Luis Ramírez Icardi -entonces marido de la dirigente de Compromís- acudía a la habitación individual en la que la niña, que entonces tenía 15 años, dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento. Cuando creía que estaba dormida -fingía dormir por vergüenza-, cogía su mano y se masturbaba con ella. Algo que ocurrió varias veces entre finales de 2016 y principios 2017 en el Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, una residencia privada con plazas concertadas en la que trabajaba el acusado desde 2011.
En un primero momento, la joven no quiso denunciar al pensar que nadie iba a creerla porque sabía del parentesco de su cuidador con la vicepresidenta. Pero en junio, la joven relató lo sucedido a dos polícias que acudieron al centro de menores por otras circunstancias. En ese momento, por parte de los responsables del mismo, «parece que se trata de disuadir a los agentes de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos».
La adolescente fue trasladada a otra residencia , pero el educador siguió en su puesto realizando tareas administrativas hasta que hubo una sentencia.
Igualdad abre una investigación
Cuando el asunto ya está en manos de la Fiscalía y el juez de instrucción ha decidido investigar penalmente los hechos, la Conselleria de Igualdad abre una investigación paralela y encarga al Instituto Espill -la entidad que se encargaba de estos asuntos en ese momento- un informe psicológico de la denunciante . El expediente final elaborado por la Dirección Territorial de Valencia, al que se suma otro informe con las testificales de varios psicólogos, señala que la versión de la niña es poco creíble.
Mucho más tarde, durante su comparecencia en las Cortes Valencianas en abril de 2021, Mónica Oltra explica que se enteró de los hechos en agosto de 2017, al llegar una notificación judicial a su casa y defiende la independencia de los técnicos. «Yo conocí este asunto por mi circunstancia personal , no por mi cargo. Lo supo Mónica Oltra, no la vicepresidenta», tras lo que inmediatamente dio instrucciones para recabar información sobre el caso, puesto que «nadie» de su departamento tenía constancia del mismo.
Cinco años de prisión
Por error, la víctima acude esposada al juicio en el que relata los abusos sufridos ante la magistrada de la Audiencia de Valencia. Tras ser condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019, la defensa del acusado recurre la sentencia al haberse obviado los informes exculpatorios durante el proceso, puesto que no fueron enviados al juzgado correctamente.
El TSJ valenciano anula el fallo en junio de 2020 y ordena la repetición parcial del juicio con la misma composición del tribunal , pese a las críticas de la abogada de la defensa.
Se celebran dos vistas en febrero y marzo de 2021 con la participación de nuevos testimonios que evidencian la falta de criterio a la hora de evaluar a la menor, pero sin contar de nuevo con la declaración de la víctima. La Audiencia de Valencia vuelve a condenar al acusado a la misma pena de prisión, con la agravante de superioridad.
La juez no entiende por qué no se acudió a la Fiscalía de Menores y se optó por practicar una «’instrucción’ paralela» de la que se extraen unos documentos que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat». La magistrada aprecia «un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria (sic), a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la víctima es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta». Tanto es así que «solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor».
Mónica Oltra da explicaciones en las Cortes Valencianas . La dirigente carga contra la sentencia porque «valora pero no prueba», con «interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones» sobre la actuación de su departamento. El TSJ valenciano ratifica el fallo en septiembre de ese año , pero el condenado recurre al Tribunal Supremo , alegando de nuevo la supuesta falta de imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron en dos ocasiones.
La víctima denuncia falta de protección
En mayo de 2021 y a raíz del segundo fallo de la Audiencia, el abogado de la víctima, el líder de España 2000, José Luis Roberto, pide en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que se investigue la actuación del ejecutivo autonómico en este asunto. Un mes más tarde, la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, presenta en Instrucción número 3 una querella contra la propia Mónica Oltra y otros subordinados en relación a su supuesta reponsabilidad en el encubrimiento de los abusos.
La Audiencia de Valencia ordenó, a finales del año pasado, reabrir el caso que se había archivado en Instrucción número 15 a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público justificó que la sentencia condenatoria no era firme, a la espera de lo que diga el Supremo. Sin embargo, la Audiencia entendió que cada proceso sigue un cauce distinto y los hechos que denuncia la menor -la falta de respuesta ante un suceso tan grave- «resultarían punibles» aunque finalmente el acusado fuera absuelto.
Por ello, y tras agrupar las dos demandas existentes, el juez ha reactivado la causa y ha citado a declarar a ocho personas. Entre los imputados por parte de Igualdad se encuentra su directora territorial en Valencia, Isabel Serra , que concurrió en la lista electoral de las municipales de 2019 y fue miembro de la ejecutiva de Compromís per Xàtiva.
También su homónima en Castellón en el momento de lo ocurrido, así como una psicóloga y el jefe de la sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria de este departamento que instruyó una información reservada sobre los abusos; y una psicóloga del servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales de la Generalitat.
Asimismo, el juez mantiene como investigadas a la directora y a una psicóloga del centro concertado Niño Jesús, donde ocurrieron los hechos.
En cualquier caso, por su condición de aforada , la vicepresidenta solo podría ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia en caso de que el juez instructor apreciara una conducta criminal por su parte y elevara el asunto. De momento, el magistrado entiende que no es pertinente pues, según señala en su auto, el hecho de que Oltra haya manifestado públicamente conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima .
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