Política
Ciudadanos prepara un pacto antitransfuguismo en la Comunidad Valenciana ante la fractura interna
El partido pretende tener más margen en las Diputaciones para que los que dimitan o sean expulsados dejen el acta
Ciudadanos prepara un pacto antitransfuguismo en la Comunidad Valencianas que presentará antes del verano y pretende aplicar durante esta legislatura. El gabinete jurídico del partido se encuentra trabajando en el documento, según ha anunciado durante un desayuno informativo la portavoz en las Cortes, Mari Carmen Sánchez, quien no ha aportado todavía detalles sobre las restricciones que incluirá.
El pacto, ha comentado, pretende establecer mayores garantías dado que data inicialmente de 1998 y fue revisado en 2000 y 2006, por lo que no fue firmado por formaciones como Ciudadanos o Podemos. En ese momento lo apoyaron PP, PSOE, IU, PNV, CiU y CC.
En el texto de 2006 se entiende por tránsfugas a los «representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo -manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad».
El pacto que prepara Ciudadanos será de ámbito nacional, pero comenzará a aplicarse en la Comunidad Valenciana, donde precisamente la fractura interna ha provocado dimisiones como la del portavoz de la Diputación de Valencia, José Enrique Aguar (quien este miércoles ha registrado su nuevo partido) o la del único diputado en la corporación de Alicante, Fernando Sepulcre, quien pasó al grupo mixto tras ser acusado de uso irregular de fondos. Aunque también se dieron casos a comienzos de la legislatura de concejales expulsados del partido por apoyar en diversos Ayuntamientos alcaldías de Compromís.
Obligar a los cargos institucionales a que dejen el acta, sin embargo, tampoco es sencillo sin una reforma legal previa. Tanto leyes como la de Régimen Electoral General (Loreg) o la de Bases del Régimen Local, además de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, establecen que el mandato es representativo y no imperativo. Es decir, que la persona resulta electa por sí misma .
Así, tanto en los Ayuntamientos como en las Cortes Valencianas las actas son personales . Las dudas que muestra Ciudadanos se centran sobre todo en las corporaciones provinciales, donde los diputados son elegidos para formar parte de ellas como ediles de un determinado partido. Aquí es donde consideran que tendrían más margen para actuar, aunque fuentes jurídicas apuntan que también chocaría con la ley.
La posibilidad de implantar nuevas medidas para aquellos que abandonan el partido coindice también con la incertidumbre que mantienen los parlamentarios del llamado sector crítico encabezados por el exportavoz del Parlamento autonómico Alexis Marí. Este último ha manifestado su intención de abandonar el grupo si la formación asume posicionamientos que no comparte, pero todavía no ha movido ficha.
Cambio de estrategia
Más allá del pacto antitransfuguismo, Mari Carmen Sánchez también ha abordado el cambio de estrategia política tras sustituir a Marí como síndica. Ésta pasa, ha explicado, por «hacer más oposición, visualizar más los fallos del Consell» y desmarcarse al mismo tiempo del PP. Aunque tratarán de endurecer el discurso contra PSPV, Compromís y Podemos , ha advertido de que a nivel de propuestas no van a ser «sectarios», por lo que entiende que actuarán como hasta la fecha.
En cuanto a la línea valencianista y de defensa de las señas de identidad, Sánchez no ha entrado a valorar la estrategia del portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Fernando Giner, y defiende que la bandera que debe enarbolar el partido es la «constitucionalista» puesto que «cada uno siente el valencianismo como quiere».
La nueva síndica también ha adelantado que su grupo ya ha presentado por registro de entrada en las Cortes una iniciativa para poner fin a los aforamientos que cuenta con la firma de Podemos y que implicaría una reforma del Estatuto de Autonomía. Sobre el bloqueo en la renovación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) durante nueve meses al no cumplir con la paridad, apuesta por «ser flexible» y se muestra dispuesta a sustituir a su candidato por una mujer. Aun así, tendrá que sentarse con la dirección de su grupo y con el resto de formaciones para tomar la decisión.
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