Consumo
Cerca de 600.000 valencianos podrán reclamar los daños ocasionados por el cártel de concesionarios
La OCU propone una acción colectiva para que los compradores de un coche entre 2006 y 2013 reclamen hasta 9.000 euros
Alrededor de 600.000 consumidores valencianos podrían reclamar entre 2.000 y 9.000 euros a los concesionarios de coches donde compraron su vehículo entre febrero de 2006 y agosto de 2013, según la estimación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana y de acuerdo con la ratificación del Tribunal Supremo a las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a dichas empresas por «crear un cártel».
Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone ejercitar una acción colectiva de resarcimiento de daños en defensa de los compradores de vehículos afectados por los acuerdos constitutivos del cártel , que tuvo como efecto «una restricción de la competencia en la fijación de precios de venta de automóviles», según la propia asociación.
En los años 2015 y 2016, la CNMC multó a veintiún fabricantes de automóviles, 130 concesionarios y dos consultoras, por prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos, con los consiguientes efectos perjudiciales para los consumidores, que adquirieron un vehículo por un importe superior -un diez por ciento- al que podrían haberlo comprado de no haber existido acuerdos sobre los descuentos a realizar.
Asimismo, estas resoluciones han sido recurridas por los sancionados hasta el Tribunal Supremo , por lo que, una vez que el Alto Tribunal termine de confirmar todas las resoluciones de la CNMC, se pondrán en marcha las correspondientes acciones colectivas, a las que se podrán adherir los afectados, según explica OCU en un comunicado.
«No todas las marcas tenían acuerdos durante el periodo cartelizado»
En la práctica esto quiere decir que los compradores de un vehículo durante los años 2006 (febrero) y 2013 (agosto) a las marcas y concesionarios sancionados, pueden ser beneficiarios de esta acción. No obstante, la organización advierte que no todas las marcas tenían acuerdos durante todo el periodo cartelizado, por lo que se indicará a los adquirentes que se apunten a la campaña si son afectados y se les facilitará la información necesaria sobre los siguientes pasos para iniciar la reclamación.
«Gracias a las diligencias preliminares instadas por OCU y los trabajos previos que está realizando, los afectados no necesitarán aportar documentación alguna que acredite la titularidad de los vehículos afectados ni la valoración del daño, resultando más ventajoso que su reclamación de manera individual», detallan desde la alianza de consumidores y usuarios .
Según sus análisis preliminares, el importe de la reclamación oscilará entre el diez y el quince por ciento del precio de compra del automóvil cartelizado , cifra que deberá adecuarse en cada caso en función de la fecha de compra, así como de la marca y modelo de cada automóvil. «OCU está trabajando en unas condiciones económicas ventajosas, que incluirán abogado, procurador y perito, para los afectados que deseen unirse a esta acción», añaden.
Asimismo, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana mantiene la prudencia hasta conocer cómo será el procedimiento de reclamación. Asimismo, alerta de la proliferación de plataformas que buscarán sacar rédito de esta coyuntura, que pueden quedarse hasta el treinta por ciento de las cantidades recuperadas.
Por su parte, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), eleva el número de coches vendidos en España en esas fechas hasta los diez millones. Igualmente, aclara que para efectuar la reclamación y la demanda se debe acreditar los documentos y las facturas de compra, algo complicado en determinados casos al haber transcurrido hasta quince años desde la adquisición del vehículo.