Economía
El Centro Portuario de Empleo de Valencia acusa a los estibadores de coartar su libertad con el aviso de huelga
Las empresas consideran que el paro es «injustificado» porque busca «perpetuar viejos privilegios en el sector de la estiba»
El Centro Portuario de Empleo de Valencia (CPEV) ha acusado a los sindicatos de estibadores de «coartar la libertad y el derecho que tienen las empresas a organizarla formación de sus trabajadores», después de que el comité de empresa haya anunciado un preaviso de huelga .
Asimismo, el CPEV cree que los sindicatos pretenden «hacerse con competencias que son exclusivas de las empresas como son la planificación, organización, coordinación, control y seguimiento de las tareas portuarias».
En este contexto, ha considerado que el preaviso de huelga de seis jornadas es «injustificado por cuanto responde únicamente al objetivo de incumplir sistemáticamente la ley para mantener y perpetuar viejos privilegios en el sector de la estiba».
[Los estibadores de Valencia convocan seis días de huelga por el sistema informático Navis]
«Su principal objetivo es impedir la implementación de la reforma legal de la estiba establecida en el RD 8/2017 y el RDL 9/2019, necesaria para mejorar la competitividad de los puertos y la economía del país», ha danunciado.
El CPEV ha señalado que ha asegurado en diversas ocasiones que « garantiza la totalidad de los puestos de trabajo y de las condiciones salariales de toda la plantilla y, a pesar de ello, los sindicatos han presentado el preaviso».
«El origen del conflicto se encuentra en la persistente negativa de los sindicatos a iniciar la formación de Navis N4 frente a la defensa del derecho de las empresas a formar a los trabajadores acerca de las especificaciones de este nuevo sistema operativo».
A este respecto, el CPEV ha sostenido que «esta posición de bloqueo sindical vulnera la legalidad » y por ello ha presentado una demanda de conciliación de conflicto colectivo , cuya resolución sigue pendiente tras concluir sin acuerdo el acto de conciliación celebrado el pasado 15 de octubre en el Tribunal de Arbitraje Laboral. «Por tanto, serán los tribunales quienes finalmente decidan y hagan cumplir la ley», ha sostenido.
Dos de las tres terminales del puerto de Valencia tienen intención de migrar sus sistemas informáticos e implantar el programa Navis N4 para incrementar la seguridad y los volúmenes, colaborando con las navieras para optimizar operaciones. Además, las empresas han asegurado que su implantación maximizará el rendimiento de los recursos sin tener ninguna afección en el empleo y aportará nuevas funcionalidades adaptadas a las necesidades de las terminales portuarias.
El debate sobre las funciones y tareas a realizar por el personal portuario tras la implantación del sistema Navis N4 es uno de los argumentos esgrimidos por los sindicatos para negarse a la formación y presentar el preaviso de huelga. Desde el CPEV han insistido en que las facultades de dirección, organización y control de los trabajos se rigen por lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y el RDL 9/2019, «por lo que la obligatoriedad de informar y consultar a la representación de los trabajadores en relación a las tareas que vayan a realizar no implica la de tener que negociar y acordar».
«Aún así, las empresas nunca se han negado a debatir con los sindicatos estas cuestiones, incluso en la reunión mantenida con el comité de empresa el pasado 29 de octubre, la parte empresarial propuso abrir de forma inmediata el debate sobre las tareas para tratar de desbloquear la situación», ha añadido.
A este respecto, ha indicado que «aunque aparentemente los sindicatos aceptaron iniciar ese proceso, esa misma noche presentaron el preaviso de huelga, actuando con una más que evidente mala fe y demostrando que su hoja de ruta pasa por el conflicto y no la negociación ».
Ante esta situación, el CPEV ha tachado de «irresponsable» la actitud de los sindicatos, pues «sin haber razones objetivas para convocar una huelga, las consecuencias de paralizar el puerto de Valencia serán muy graves en un momento de crisis e incertidumbre como el actual».
Desde el CPEV «respetan» la convocatoria de huelga y reconocen que es un «instrumento legal al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores», pero se trata de una «medida de presión extrema que llega en el peor momento y que carece de hechos objetivos que la sustenten».
