Caso Taula
Un técnico de Ciegsa destaca los modificados de obra en los colegios con Máximo Caturla: «Aquí mando yo»
El exempleado de la empresa pública afirma que el que fuera secretario autonómico de Educación tenía «dominio absoluto» en el proceso de construcción de los centros
Las declaraciones ante el juez en la pieza separada abierta el pasado febrero para investigar el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa -encargada de la construcción de centros escolares en la Comunidad Valenciana- comenzaron este viernes con la comparecencia en calidad de testigos de dos técnicos que trabajaron para la empresa pública.
Mientras uno de ellos se desdijo de lo que relató ante la Guardia Civil -que recibía presiones de sus superiores para contratar con determinadas empresas-, otro, según fuentes conocedoras del interrogatorio, señaló directamente a Máximo Caturla como la persona que tenía dominio absoluto de las obras tanto desde su cargo de secretario autonómico de Educación como del de gerente de Ciegsa.
Según el testigo -quien trabajó en la empresa pública entre el 2000 y el 2005-, Caturla «sacó literalmente de su despacho» a Javier García Lliberós, su predecesor en el cargo de gerente. A partir de su llegada, ha detallado, se generalizaron los modificados de obra de los centros y su construcción pasó a ser más cara. «Aquí mando yo» , asegura el exempleado que solía manifestar.
Concretamente, detalló el ejemplo de un colegio en el municipio de Fontanars en el que se proyectó un campo de fúltbol que, en su opinión, carecía de sentido y así se lo trasladó a los técnicos. La respuesta de Caturla, según sus palabras, fue que se hacía por sus «huevos» . «Era quien lo controlaba todo», aseguró ante el juez.
También comentó que el que fuera secretario autonómico de Educación cambió la baremación para que desde Ciegsa no trabajaran con empresas que él llamaba «extranjeras», refiriéndose a que no eran valencianas.
Irregularidades
En esta pieza, el magistrado indaga en la adjudicación de contratos sin respetar los principios de «legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad» con la finalidad de «favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dávida».
Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una «finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa», el exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent.
Por el momento, tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el «recaudador»; Alfonso Rus; Máximo Caturla; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.
Las declaraciones continuarán durante los próximos meses. Para este viernes estaba incialmente prevista la de Benavent, pero ha quedado pospuesta.
