Tribunales

Caso Púnica: el juez investiga a dos exalcaldes de Castellón y Denia por pagar trabajos personales con dinero público

El magistrado de la Audiencia Nacional solicita la imputación del popular Víctor Soler cuando las Cortes Valencianas acredienten que ya no es diputado

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Imagen de archivo del exalcade de Castellón Alfonso Bataller MIKEL PONCE

D.V.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, así como a otros cuatro exalcaldes -entre ellos, Ana Kringe, ex primera edil de Denia, y Alfonso Bataller, de Castellón - y varios concejales del PP por los trabajos de reputación online que se investigan en el marco del caso Púnica.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a Vinuesa, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana Kringe (Denia), Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habrían realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.

En este sentido, el juez también cita a declarar -aún sin fecha- como investigados en la pieza 10 del caso Púnica a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejoraran la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.

Imagen de archivo de la exalcaldesa de Denia Ana Kringe JUAN CARLOS SOLER

Entre los citados a declarar, en el caso del Ayuntamiento de Castellón figura el exconcejal del PP Juan José Pérez Macián, una exasesora y la entonces coordinador de Comunicación del consistorio mientras que en el de Denia también se investiga al exjefe de gabinete de Kringe.

En relación con este último consistorio, el instructor pide al secretario del Ayuntamiento que certifique las cantidades que se hubieran abonado a otro investigado, Víctor Steinberg, y los expedientes instruidos más la factura que acredite la justificación de la realización de la prestación.

El magistrado también ha enviado solicitud a Les Corts para que, en el apartado de las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Gandía -en la causa ya figuraba como investigado el exalcalde popular Arturo Torró-, se certifique si el exedil y ex secretario general del PP de la localidad, Víctor Soler , sigue siendo diputado para elevar exposición razonada al TSJCV y que fuera citado como investigado . De no serlo ya, como es el caso, se solicita su citación como investigado en este procedimiento.

Imagen de archivo del exdiputado del PP Víctor Soler ROBER SOLSONA

Sin indicios en Valencia

El juez, al igual que sostenía el ministerio fiscal en su informe, considera que los indicios recabados hasta la fecha por presuntas irregularidades en esas fechas en los Ayuntamientos de Madrid y Valencia relacionadas con Alejandro de Pedro, no superan el umbral para ser constitutivos de delito .

En este sentido, señala que el trabajo realizado por EICO «parecía estar dirigido a posicionar online las noticias favorables al 'equipo municipal', enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de políticas públicas, y ello, sin perjuicio de que la investigación que resta por practicar, evidencia la intención de pagar con fondos públicos campañas de reputación política puramente personal ».

Fiscalía sostiene que Kringe y su jefe de gabinete aceptaron que la realización de trabajos personales de la alcaldesa los abonasen «de forma subrepticia» los fondos públicos del consistorio.

En el caso de Castellón, considera acreditado que hubo un concierto de los investigados con De Pedro para contratar trabajos de reputación personal para Bataller y su financiación con fondos públicos y, para ocultarlo, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad para campañas simuladas a Madiva, otra de las empresas de la trama.

Y en el caso de Gandía, el fiscal apunta que Soler, junto con otro cargo local del PP investigado, concertaría con Torró cómo satisfacer la deuda pendiente con De Pedro por trabajos de reputación para el edil, y afrontar el pago de otros nuevos que le realizaría la trama.

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