Caso Emarsa
Condenan a la mujer de un ex alto cargo por usar sus tiendas para blanquear dinero
La sentencia de conformidad tras el pacto alcanzado con la Fiscalía fija cuatro meses de prisión y a una multa de 62.000 euros
![Imagen de archivo del banquillo de los acusados del caso Emarasa](https://s1.abcstatics.com/media/espana/2017/04/19/1emarsa-U10108415902Sj--620x349@abc.jpg)
El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha condenado a 4 meses de prisión y a una multa de 62.000 euros a la mujer de Ignacio Bernácer , exjefe de explotaciones de la Epsar, por permitir que este ingresara en sus cuentas bancarias parte del dinero público que detrajo ilegalmente de Emarsa.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se trata de una sentencia de conformidad tras el pacto alcanzado por la Fiscalía y la mujer del exjefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) de la Comunitat Valenciana.
El juicio rápido de conformidad por esta pieza separada del "caso Emarsa" (Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia) se celebró ayer y el juez se ha limitado a comprobar que la calificación jurídica de los hechos es correcta y que la pena solicitada se ajusta a Derecho.
La mujer del ex alto cargo de la Conselleria de Agricultur a reconoció los hechos y se declaró culpable de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
Admitió que en las cuentas bancarias que utilizaba para sus dos negocios, una frutería y un taller de tapicería, permitió que "se realizasen de forma continuada ingresos en efectivo procedentes de una actividad ilícita, los cuales se fueron mezclando con los procedentes de su actividad profesional , encubriéndose así su origen delictivo".
Este actuación la hizo "sin adoptar ningún tipo de cautela tendente a esclarecer el origen de los fondos que iban siendo inyectados" en tales cuentas.
El importe total de ingresos de fondos ilegales que tuvieron entrada en las cuentas en las que participa la acusada como titular o cotitular fue superior a los 93.000 euros .
Su confesión le ha permitido beneficiarse de una reducción de un tercio en la pena de seis meses de cárcel y 93.000 euros de multa que inicialmente solicitó el Ministerio Público.
El juez acepta también la petición de la Fiscalía para que la pena de prisión le sea sustituida por la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad durante 120 días.
La sentencia recuerda que el marido de la condenada está acusado por su presunta participación en la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial en la pieza principal del "caso Emarsa", cuyo juicio está previsto para el 2 de mayo.
Estos hechos, que él ha reconocido en un escrito presentado ante el Tribunal que ha de juzgarle y por los que ha pagado 400.000 euros para reparar parcialmente el daño causado, se remontan a los años 2004 a 2010. Según la Fiscalía, se produjo un desvío de fondos públicos por parte de los gestores de Emarsa.
En estos hechos habría participado Bernácer como jefe de departamento de explotaciones de la Epsar, entidad pública que, junto a la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), transfirió fondos públicos a la primera para la gestión y explotación de la estación depuradora de Pinedo (Valencia).
La sentencia recoge los escritos de las acusacione s, según los cuales "los gestores de la empresa pública, concertados con otra personas físicas y jurídicas, ejecutaron de manera continuada un plan consistente en incrementar partidas de los presupuestos de la Epsar , dependiente de la Conselleria de Agricultura y Agua , con los que financiaba el coste de la explotación de la depuradora de Pinedo, cuya gestión correspondía a Emarsa".
Lo hicieron, según las acusaciones, "con la única finalidad de apropiarse de la diferencia existente entre el valor real de los servicios incluidos en dichas partidas y el coste con el que estaban siendo financiados".
"Recibidos los fondos públicos y deducido de lo satisfecho el valor del coste real del servicio prestado por otra empresa no investigada, los acusados hacían suyos los fondos públicos detraídos, principalmente en efectivo mediante la retirada por ventanilla o mediante el empleo de tarjetas asociadas a las cuentas beneficiarias de los fondos públicos", según la sentencia.