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El Cabanyal, un barrio roto por las promesas
El cambio político experimentado en Valencia no frena la degradación del distrito
Valencia, octubre de 2015. A escasos metros del puerto más pujante del Mediterráneo, muy cerca de las instalaciones que albergaron la Copa América de vela , languidece el barrio de El Cabanyal. Un distrito roto por las promesas de los políticos y por trifulcas ajenas a sus vecinos. La llegada del nuevo gobierno municipal, con Joan Ribó a la cabeza, propició la derogación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyamelar aprobado en el año 2000 por el ejecutivo que presidía la popular Rita Barberá.
A nivel práctico, la decisión del Ayuntamiento apenas ha tenido efectos . De hecho, una orden ministerial firmada a finales de 2009 por Ángeles González Sinde , entonces titular de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , supuso la congelación del plan urbanístico que suponía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta la misma fachada marítima.
En los años posteriores se sucedieron todo tipo de iniciativas políticas y pleitos judiciales entre las diferentes administraciones que dejaron en el limbo el proyecto con el que Valencia pretendía dejar de dar la espalda al mar .
A pesar de ser considerado un barrio mediático, en el Cabanyal-Canyamelar apenas quedan censadas 14.782 personas, en una ciudad con cerca de 800.000 habitantes , de acuerdo con las estadísticas oficiales del Ayuntamiento. Son los que viven allí y conocen de primera mano la realidad del barrio, marcado por el abandono de viviendas ( antiguas plantas bajas que el siglo pasado eran propiedad de pescadores y de familias humildes), la suciedad de las calles, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
Más de un tercio de las casas afectadas por el proyecto derogado son propiedad del Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque de limpieza y seguridad pero el problema, según denuncian los vecinos, permanece encallado. El proyecto ha pasado demasiados años encallado entre los tribunales y una burocracia incapaz de resolver el trazado de un avenida sobre un Bien de Interés Cultural (BIC) que a día de hoy no es más que un rectángulo de cuatro tramos de calles ( Escalante, Doctor Lluch y las travesías de Amparo Guillem y Pescadores ) absolutamente degradadas, con focos de puntos de venta de droga, solares abandonados, casas ocupadas y menores de edad deambulando en horario escolar.
La Valencia que pintó Sorolla y glosó Blasco Ibáñez a orillas del Mediterráneo convive con un barrio hinóspito. El Gobierno central del mismo signo político que el municipal no logró en cerca de cuatro años resolver el conflicto que bloqueó la ejecución del plan urbanístico bajo el mandato de Zapatero. Lo que el socialista frenó no lo ha reactivado Mariano Rajoy , pese a los desvelos de la exalcaldesa Rita Barberá . El anuncio de la reanudación de la concesión de licencias de obra previo a las elecciones llegó demasiado tarde para los habitantes de un barrio que se había cansado de esperar y que se decantó en las urnas, por primera vez desde el año 1991, cuando apareció por primera vez el plan en el programa electoral del PP, por la opción que encarnaba Compromís.
Durante el mandato de Barberá se soterraron las vías del tren que formaban una barrera entre el Cabanyal y Algirós . Una antigua fábrica de cerveza se convirtió en uno de los polideportivos municipales más modernos de la ciudad. Se rehabilitó el antiguo teatro El Musical y el entorno de la plaza del Rosario. La biblioteca de la Reina recobró su esplendor. El viejo matadero de la calle Pedro de Valencia es hoy un ambulatorio de primer orden. El tranvía llegó la misma orilla de la mar y permite a los vecinos desplazarse del puerto al aeropuerto en transporte público. Todo ello, junto a la dinamización de la Marina Real , convertida en uno de los principales focos turísticos de la ciudad, hay que anotarlo en el haber del gobierno municipal del Partido Popular.
Sin embargo, las condiciones en las que sigue la zona afectada directamente por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez no son de recibo en el año 2015 en la tercera capital de España. De hecho, los mismos vecinos que se decantaron por el vuelco electoral que aupó a Ribó a la Alcaldía no pasan por ellas. A pie no se atreven. Con coche no pueden. Que se lo pregunten a las cofradías de la parroquia de Cristo Redentor-San Rafael , que tuvieron que cambiar el recorrido de las procesiones de la Semana Santa Marinera. O a la falla Escalante-Amparo Guillem , que ya no planta desde hace años ni en Escalante ni en Amparo Guillem. Tampoco se atreven.
Resulta evidente que, cuando ya han pasado cuatro meses desde la toma de posesión de Ribó , los problemas permanecen en el barrio. Los detractores de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez celebran la derogación del plan, mientras el Ayuntamiento toma medidas cosméticas, como la de que sean los propios vecinos quienes pinten las fachadas de inmuebles de propiedad municipal que esconden tras sus muros casas en ruina o solares a los que acceden los drogadictos para suministrarse sus dosis.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa para recabar ideas de los vecinos con el objetivo de optar a ayudas a la rehabilitación de viviendas de fondos procedentes de la Unión Europea. Más de un tercio de las casas afectadas por el proyecto derogado son propiedad del Ayuntamiento (casi seiscientas viviendas). La Administración del PP destino a su compra (con el objetivo de ejecutar su plan) más de cuarenta millones de euros.
Ahora, el nuevo gobierno local tiene el reto de devolver la vida a un barrio que fue de postal y hoy se sitúa entre los distritos más degradados de España.
