Política
Las ayudas al hermano de Ximo Puig y sus socios: 1,2 millones en subvenciones, un juicio y otra investigación abierta
Un juzgado de Valencia sienta en el banquillo a un alto cargo de la Generalitat por falsedad documental en las ayudas al familiar del presidente de la Generalitar y otro instruye un presunto fraude denunciado por el PP
La multa de 43.000 euros impuesta por la comisión de la Competencia de la Generalitat al cártel de productoras liderado por Francis Puig y la familia Adell Bover por pactar precios para ganar un concurso de la television autonómica À Punt suma un nuevo capítulo a la controvertida relación entre el hermano del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig , y sus socios con las Administraciones Públicas. Una conexión cuantificada en 1,2 millones de euros en subvenciones públicas concedidas fundamentalmente por el Gobierno valenciano y el catalán.
De hecho, al margen de la resolución de Competencia, el juzgado de instrucción número cuatro de Valencia investiga las ayudas percibidas por Francis Puig y los Adell Bover a través de su red de empresas. Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB.
En este caso, el juez investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano por parte de la Generalitat «sin ningún tipo de control» tras una querella presentada por el PP. La causa está pendiente de un informe de la Guardia Civil solicitado por la Fiscalía Anticorrupción para dirimir si el grupo de empresas falseó los gastos subvencionados mediante facturas cruzadas para justificar el destino de las ayudas públicas.
En concreto, el PP acusa al hermano de Ximo Puig y a sus socios de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1,21 millones de euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos dos millones de euros.
Un alto cargo de Compromís en el banquillo
Al margen de esta investigación y del dictamen de Competencia de la Generalitat, el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia decretó el pasado mes de noviembre la apertura de juicio oral contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano , de Compromís, por falsedad en documento público oficial en relación a las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por Francis Puig. En concreto, el magistrado cree que pudo haber delito en sendas ayudas por importe de 56.825 y 23.234 euros respectivamente.
El alto cargo del Gobierno valenciano fue llamado a declarar tras una querella interpuesta por la diputada del PP Eva Ortiz al considerar que éste había «mentido» al sostener que se habían fiscalizado las ayudas concedidas a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, administradas por Francis Puig.
El juicio contra Trenzano, el primero relacionado con las ayudas al hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, todavía no tiene fecha para su celebración.
