Tribunales
La Audiencia Nacional se pronunciará este jueves sobre el ERE de RTVV
Los sindicatos pidieron la nulidad de los despidos, mientras que la Generalitat espera la improcedencia
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE de Radiotelevisión Valenciana se dará a conocer este jueves alrededor de las 10.00 horas , según han anunciado los sindicatos. El fallo llegará dos semanas después del juicio, que se celebraba a raíz de una demanda presentada por el sindicato CGT tras el despido de 1.600 trabajadores por parte del anterior Gobierno del PP, presidido por Alberto Fabra. Posteriormente se adhirieron el resto de organizaciones (CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF).
A esta denuncia inicial de nulidad se añadió una ampliación por sucesión de empresas entre RTVV (en fase de liquidación) y la recién creada Corporació Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que pondrá en marcha el nuevo ente.
Durante la vista, la Generalitat defendió la constitucionalidad de la ley que en 2013 permitió el cierre de RTVV y abogaron por la improcedencia del ERE (no por la nulidad), además de negar que existiera sucesión de empresas con la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) porque se trata de un «ente nuevo».
Los sindicatos defendieron la postura contraria, argumentando la nulidad del ERE de extinción porque la causa de éste desapareció antes de que dejaran de existir la totalidad de los puestos de trabajo, por lo que «la mala fe estuvo en la firma».
También incidieron en la sucesión de empresas por la doble tarea que supone la nueva ley aprobada por el Consell: «liquidar con una mano, pero procurar el restablecimiento del servicio con la otra».
La visión del fiscal era diferente y dudaba de la inconstitucionalidad de la ley, aunque cosa distinta es decidir si se optó por el «camino correcto» en la extinción de los contratos.
Ahora, se conocerá el fallo definitivo. La Audiencia Nacional podría considerar el ERE ajustado al derecho, improcedente o nulo y pronunciarse o no sobre la sucesión de empresas.
Si la sentencia resultara favorable a los trabajadores supondría un coste de entre 150 y 200 millones de euros para la Generalitat en concepto de indemnizaciones.
Noticias relacionadas
