Justicia
La Audiencia confirma el procesamiento de la exedil María José Alcón por delito fiscal
Alcón, su madre y sus dos hermanos no habrían presentado la declaración del IRPF tras recibir la herencia
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de apelación presentado por la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón contra su procesamiento y el de sus familiares por un presunto delito por fraude fiscal.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mislata dictó auto de incoación de procedimiento abreviado por el que se procesaba a Alcón, a su madre y a sus dos hermanos por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
De esta forma la Sala considera que la resolución del Juzgado de Instrucción, contra la que la exedil del PP (y esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau procesado en el caso Nóos) recurrió, es "acertada y correcta" y que existen "indicios de la supuesta comisión de delito por parte de los investigados".
Asimismo, la Audiencia añade que "existiendo una tesis acusatorial plausible, debe permitirse a la parte o partes que la sostienen la celebración del acto del juicio" , en el que los apelantes podrán reproducir los argumentos que apuntan en el recurso.
El citado juzgado de Mislata finalizó en marzo la instrucción de la causa contra Alcón, su madre y sus dos hermanos tras concluir que existían indicios de que delinquieron al no presentar la declaración del IRPF correspondiente al padre fallecido, cuya herencia percibieron.
En el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, recurrido por los investigados (antes imputados) y confirmado ahora por la Audiencia, la jueza cifró en 192.131 euros el dinero supuestamente defraudado por los cuatro.
Además, la jueza consideró que "también existen indicios" de que la madre de la exedil defraudó otros 190.000 euros en la liquidación del IRPF correspondiente al ejercicio de 2009.
Tras haber tomado declaración a Alcón y a sus familiares y haber practicado pruebas documentales y testificales, la jueza consideró los hechos investigados como "penalmente relevantes" .
En este sentido, consideró que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social , por lo que procedió a "la conclusión de la fase instructora por cuanto que no se aprecia la necesidad de practicar otras diligencias de investigación adicionales".
