TRIBUNALES
La Audiencia archiva la causa contra el expresidente del puerto de Valencia por los sobresueldos
El auto de sobreseimiento indica que la percepción de sueldos a través VPI no es constitutiva de delito
La Audiencia de Valencia ha sobreseído la causa que investigaba el supuesto cobro de sobresueldos por parte del expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) Rafael Aznar, dos empleados del puerto y un abogado del Estado .
La Sección Segunda de la Audiencia estima parcialmente los recursos presentados por estas cuatro personas contra dos autos de noviembre de 2015 y enero de 2016 y decide sobreseer la causa que investigaba el delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, según el auto al que ha tenido acceso EFE.
Los acusados recurrieron al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito, y ahora la Audiencia asegura que no existe "soporte alguno" para sostener la concurrencia de acuerdo entre los investigados para crear un organigrama en Valencia Plataforma Intermodal (VPI) que facilitara cobrar por cargos que no desempeñaban.
Señala que está acreditado que los puestos o cargos estaban creados con bastante anterioridad al Consejo de administración de VPI del 16 de diciembre de 2004 que aprobó las compensaciones económicas .
El auto de sobreseimiento indica que la percepción con cargo a fondos públicos de cantidades indebidas imputables a Rafael Aznar y otras tres personas más por razón de puestos en VPI no son constitutivos de delito.
Según esas retribuciones, Aznar percibiría un importe mensual de 1.680 euros a partir del 1 de noviembre de 2004 y que cobró hasta la fecha en que la Intervención General del Estado puso de manifiesto su ilicitud. Aznar devolvió lo percibido durante los años 2009 a 2012.
La defensa de Rafael Aznar ha manifestado a EFE que el cobro de estas cantidades incompatibles, que además han sido devueltas , es una cuestión administrativa, no penal.
La Fiscalía pedía cinco años de prisión para el expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, dos empleados del Puerto y un abogado del Estado como supuestos autores de los delitos de prevaricación y malversación en el supuesto cobro de sobresueldos.
El auto también sobresee pero de forma provisional el procedimiento sobre los hechos relativos a la ausencia de adecuación de la contratación de determinados servicios de asesoría jurídica y de seguridad a la normativa existente en el ámbito de la contratación pública.
