Presunta financiación irregular
Archivan la causa de un contrato del Gobierno de Zapatero con la agencia del PSPV
El juez entiende que no existen irregularidades en la adjudicación de Sanidad y que Etelvina Andreu no influyó en la decisión
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha archivado la causa de uno de los contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Crespo Gomar, la empresa que realizó trabajos para PSPV y Bloc de cara a las elecciones de 2007 y que los investigadores de la presunta financiación irregular de ambos partidos sitúan como centro de toda esta mecánica.
Concretamente, sobresee la relativa a la adjudicación en 2008 de un contrato de publicidad por 184.138 euros por parte del Ministerio de Sanidad dirigido en ese momento por Bernat Soria y en el que se encontraba como directora general de Consumo Etelvina Andreu, previamente candidata socialista a la alcaldía de Alicante y de cuya campaña se encargó Crespo Gomar.
En el auto de sobreseimiento se establece que ni en el desarrollo del expediente ni en su conclusión se han podido apreciar irregularidades que apunten a la existencia de indicios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que dan lugar a la incoación de la causa.
Durante la instrucción, se decidió tomar declaración, en calidad de imputados, a diez personas, entre ellas la propia Andreu y la entonces subsecretaria del departamento Consuelo Sánchez Naranjo. Todo ello tras recibir el juzgado un informe pericial en el que se advertía de posibles irregularidades tales como la clasificación efectuada en el anuncio de licitación, la fijación del plazo para concursar, la designación genérica de los miembros de la mesa de contratación, la subsanación de defectos efectuada respecto de una de las empresas que participan en el concurso o el informe técnico elaborado.
Tras los interrogatorios, el juez no ha apreciado en su actuación la comisión de estos delitos. Sobre Andreu, además, explica que «el hecho de que existiera una relación anterior entre la empresa y la investigada cuando fue candidata a la alcaldía de Alicante no lleva a la conclusión de que su participación en el expediente aquí examinado haya determinado una irregularidad en la adjudicación ».
El PP tiene intención de recurrir la resolución, en la que pretenden remarcar la comparecencia de una funcionaria que afirmó que mantuvo una conversación con la entonces directora general de Consumo antes de la apertura del sobre con la oferta técnica para que se escogiera a la empresa que reflejara las propuestas de lo que se quería en la campaña.
En el partido no ocultan su sorpresa por la rapidez en la que se ha pronunciado el juzgado, mientras que fuentes judiciales apuntan a que la opción de unificar la causa en la Audiencia Nacional sería la estrategia natural para que se investigue todo en su contexto.
