Tribunales

Anticorrupción pide requerir documentación a los Gobiernos valenciano y catalán de las ayudas al hermano de Puig

La Fiscalía ve necesaria la acumulación de causas relacionadas con las subvenciones a las empresas vinculadas a familiares del presidente de la Generalitat

Los hermanos de Ximo Puig y sus socios han recibido 850.000 euros del Gobierno valenciano desde 2015

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig MIKEL PONCE

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La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez en un escrito del pasado 2 de diciembre que requiera documentación a los Gobiernos valenciano y catalán sobre las ayudas concedidas a las mercantiles vinculadas a Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El ministerio público quiere que se remitan las cuentas justificativas de las subvenciones otorgadas entre 2015 y 2018 a Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, administradas por el empresario. Pero no sólo a éstas, sino los expedientes de las dadas a las firmas Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB, de la familia Adell Bover (socios empresariales de los Puig). Solicita, del mismo modo, que se oficie al registro mercantil y a la Agencia Tributaria para que remita la información relativa a todas estas empresas.

La Fiscalía, que abogaba por suspender las declaraciones de Francis Puig y del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano , previstas para este martes para seguir investigando (y que el juez avaló), defiende la acumulación de causas relacionadas con las subvenciones a las citadas firmas.

Por ahora, es el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia el que indaga en las ayudas a las mercantiles del hermano del jefe del Consell a raíz de una querella del PP, pero resultaría previsible que también lo hiciera con las de los Adell Bover tras la declaración de una extrabajadora en la que denunció irregularidades.

“Es evidente que si nos hallamos ante un grupo de empresas claramente interrelacionado , que se cruzan facturas para justificar el empleo de las ayudas públicas recibidas y pudiendo tratarse de facturas idénticas o correspondientes a los mismos servicios, resulta necesario su investigación en el mismo procedimiento”, sostiene Anticorrupción.

En el actual procedimiento, el ministerio público explica que el juzgado indaga en cuatro presuntos delitos de fraude de subvenciones y que trata de esclarecer “si los importes concedidos por la Generalitat Valenciana y por la de Cataluña fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, esto es, si fueron empleados en el fomento de lenguas cooficiales de dichos territorios en los medios de comunicación social, empresas de televisión, radio, prensa escrita y digital, según consta en las bases reguladoras de estas ayudas públicas”.

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