Laboral
El alcalde de Benidorm planta cara a la Subdelegación del Gobierno y sube el salario a sus funcionarios
Los representantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia mantienen un contencioso que el SPPLB tilda de «doble vara de medir»
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP ), se ha comprometido en una reunión con funcionarios municipales a aplicar la subida salarial por la actualización de varios pluses , a pesar de que la Subdelegación del Gobierno presentó un contencioso para su bloqueo.
«Vamos a aplicar la VPT en la nómina de septiembre, así lo acordó el Pleno y así nos comprometimos tanto el equipo de gobierno, como yo, como alcalde», ha sido su anuncio, que entraña un cierto desafío a la representación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia de Alicante.
En un comunicado, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha informado de que en esa reunión se han abordado «rumores, dimes y diretes lanzados por ciertos 'personajes' que continúan poniendo palos en las ruedas de forma continua, que quieren morir matando, a pesar de estar muertos, y que se han dedicado durante estos últimos días a bombardear, desestabilizar, obstaculizar y crear alarmas con el objetivo de paralizar la aplicación de la VPT».
El alcalde y la concejal de Organización y Gestión de Recursos Humanos, Ángela Zaragozí, han advertido también de que esa Valoración de Puestos de Trabajo es «muy compleja» y hay que «dialogar, negociar y debatir en la comisión de seguimiento».
Carácter retroactivo
Entre otros, se trata de aclarar los trienios (distintos de la antigüedad) y las productividades (no el plus de garantía de servicios), estos últimos, una vez comprobado que no están duplicados, serán abonados con carácter retroactivo .
«Hemos agradecido la valentía y voluntad del equipo de gobierno para cumplir el compromiso adquirido con las cuatro centrales sindicales firmantes del acuerdo, a pesar de la obstaculización permanente, las denuncias y dobles varas de medir de la Subdelegación del Gobierno, de ciertas centrales sindicales y de ciertos grupos políticos que lo único que buscaban era paralizar su aplicación», ha abundado el SPPLB. Quedan pendientes también las alegaciones presentadas en este proceso.
