TRIBUNALES
Aido entra en suspensión de pagos en plena investigación por presunto fraude
Un juzgado acepta la declaración de concurso de acreedores presentada por el instituto tecnológico
Suspensión de pagos en plena investigación por presunto fraude en el cobro de subvenciones públicas. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha declarado el concurso voluntario ordinario de la Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO), y ha nombrado como administrador concursal al auditor Antonio Isamel Blanch. La entidad está siendo investigada penalmente en el Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna en relación a un presunto fraude de subvenciones públicas en un caso en el que hay más de una decena de personas imputadas, entre ellas, el que fuera director de la empresa Emilio Pérez .
El juzgado, en un auto de fecha 17 de diciembre facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha autorizado a los administradores del concurso para que puedan revisar los libros y la contabilidad y "recabar cuantos documentos o información consideren necesaria para el ejercicio de las funciones propias de su cargo, así como para la elaboración de los correspondientes informes".
Asimismo, deberán comunicar por escrito al juzgado las incidencias y obstáculos que encuentren para adoptar las medidas que procedan y advierte de que un comportamiento obstaculizador del deudor puede ser calificado como culpable.
AIDO presentó el pasado 8 de octubre la solicitud de declaración de concurso voluntario alegando que está en situación de insolvencia y no podía cumplir regularmente con los próximos vencimientos de obligaciones corrientes que los ingresos corrientes dimanantes de su actividad.
El juzgado, a la vista de las circunstancias expuestas por AIDO y al cumplir la solicitud los requisitos formales exigidos en la Ley, considera que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones y declara a la solicitante en estado de concurso, con los pronunciamientos legales inherentes y conservando el deudor las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, si bien sometido a la administración concursal.
