Ahora hay un problema

Si hay algo peor que un político que no soluciona un problema es uno que crea conflictos donde no los hay. Esto es lo que ha hecho el conseller de Educación, Vicent Marzà , con la puesta en marcha del decreto de plurilingüismo , una herramienta que consigue justo lo contrario que debe promulgar una Administración: la mejor educación para que las nuevas generaciones que nos sucederán nos superen en conocimientos y aptitudes. Al revés, este injusto, chantajista y doctrinario decreto provocará la exclusión de una gran parte del alumnado de una formación moderna y preparada para el mundo al que se enfrentarán nuestros hijos, dejará a los castellanoparlantes como ciudadanos de segunda y a expensas de la capacidad de sus padres para que paguen una academia en la que pueden conseguir un certificado de inglés cuando salgan de la escuela mientras sus compañeros valencianoparlantes lo logran gratuitamente en su colegio y dedican esas horas extraescolares a deberes o a otras materias.

El Gobierno también lo ha entendido así. La respuesta del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , no ha podido ser más contundente dentro de la lealtad institucional que el Ejecutivo siempre ha mantenido con la Generalitat , muchas veces no recíproca. No podía quedarse cruzado de brazos ante la marginación que sufre parte de la población valenciana. Ahora sí hay un problema. El Estado ha comenzado el proceso administrativo para frenarlo. Poco a poco, pero firme. Primero, la Alta Inspección de Educación ha enviado una carta de colaboración para demostrar la buena voluntad de que todo funcione bien; después le enviará un requerimiento y, si no cambia la cerrazón de la Administración autonómica, tristemente acudirá a los juzgados.

Partido Socialista y Compromis , que ostentan en la actualidad el gobierno de la Generalitat Valenciana , están a tiempo de evitar una enorme injusticia con los escolares y un monumental embrollo con el Gobierno de España . La democracia no consiste solo en el fondo, sino también en las formas. Pido a Marzà que retire el decreto de plurilingüismo y se siente a negociar en Les Corts con todos los partidos, con las asociaciones de padres y con las autoridades educativas. Y pido al presidente Ximo Puig que se pronuncie, no puede guardar silencio ni dejar hacer. En este caso, entiendo que su abstención sería dar un paso atrás como representante de un proyecto para todos y otro hacia adelante hacia la radicalidad.

Continuar con este proyecto significa dejar el futuro de nuestros hijos en manos de los tribunales. ¿Qué pasará si el Gobierno pide una suspensión cautelar del decreto y el tribunal lo acepta? ¿En qué situación quedan nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo tardará en dilucidarse este contencioso? Demasiadas incógnitas en un tema tan trascendental como individuos y como sociedad.

Aquí no valen orgullos ni falsas afrentas, solo la educación de nuestros hijos, que es una de las cosas más importantes de las familias. Entiendo que la Administración debe procurarles todas las posibilidades de formación a los niños y dejar que ellos, o nosotros como sus padres y responsables de su educación, elijamos lo que más les beneficia. En eso consiste la libertad: en elegir lo que mejor conviene a cada uno. Como militante del Partido Popular siento que estoy en una formación que defiende la libertad por encima de todo como derecho inalienable de las personas. El PSPV de Ximo Puig y Compromís de Marzà y Monica Oltra piensan que está por delante del futuro de nuestros hijos un pretendido derecho de una lengua que, afirman, está discriminada. Partiendo de esta premisa falsa, el resto de argumentos en los que se basa la Generalitat Valenciana están, como mínimo, pervertidos.

Por lo visto, no les bastaba a Marzà y compañía salir a la calle a comprobar que no había ningún problema lingüístico en la sociedad, que valenciano y castellanoparlantes conviven con total normalidad en cualquier ámbito de la sociedad y que los primeros pueden utilizar ambas perfectamente. Sin ir más lejos, en el propio Partido Popular de la provincia de Alicante.

Como no es suficiente, pasemos a los datos, un poco más fríos pero incontestables: los alumnos que cursaron línea en valenciano en la escuela durante la etapa de gobierno del Partido Popular en la Comunitat Valenciana se triplicaron . En el último curso con el gobierno de Joan Lerma al frente del Consell (95-96) estaban matriculados 74.277 escolares en línea en valenciano; en el 2012-13 eran 235.970, es decir, un 217%. Todo esto se consiguió porque los padres quisieron, sin imposiciones ni amenazas tipo «te quito el inglés si no quieres más valenciano», como hace Marzà. Con normalidad democrática, con libertad para los niños. Aquí no había ningún problema.

No es cierto que el Partido Popular discrimine el valenciano, lo oculte o, peor aún, lo desprecie. Más bien es absurdo. Es tan ridículo como decir que discriminamos a nuestros cargos valencianoparlantes, empezando por nuestro presidente provincial, José Císcar Bolufer . Aquí no había ningún problema, y esperamos por el bien de todos que no lo haya.