Alicante
Los acusados del crimen de Polop revelan contradicciones del «fabulador» testigo protegido
Las fechas de cuando declaró haber escuchado la conspiración no coinciden con el periodo en que trabajaba en el prostíbulo
Los acusados de asesinar en 2007 al alcalde de Polop de la Marina (Alicante) Alejandro Ponsoda han revelado en el primer día del juicio supuestas contradicciones del testigo protegido -principal prueba del caso- sobre las fechas. Y han descalificado su relato que les incrimina, tachándolo de «fabulador» que «desatascó» la investigación policial al situarles como «cabezas de turco».
A través de sus escritos de defensa, así lo han trasladado al jurado popular que les enjuicia desde este martes y durante las tres próximas semanas en la Audiencia Provincial de Alicante los siete presuntos implicados: cuatro como cabecillas e inductores y tres como autores materiales de los disparos.
Tres de los acusados han negado ser los autores materiales del crimen y la existencia de la reunión donde supuestamente se encargó el asesinato. Uno de ellos, Raúl Montero, ha asegurado además que inculpó a los otros dos "bajo presión policial y amenazas de todo tipo", incluso de "morir" en algún control, mientras que sus compañeros de banquillo han afirmado que el día de los hechos estaban en Sueca en casa de un amigo.
Por su parte, el considerado por la fiscalía como principal inductor, el sustituto del fallecido en la alcaldía, Juan Cano, ha señalado que la víctima había estado en una sauna de Benidorm en la tarde del homicidio y también que padecía la enfermedad del Sida y la sífilis.
No obstante, ha repetido que "no es cierto " que sintiera hacia él " animadversión o rencor " alguno y ha recalcado que en los últimos años había colaborado con él tanto en el ayuntamiento, como su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, como en el PP local.
Sin rivalidad política
También ha rechazado, tal y como sostiene la fiscalía, que su supuesta enemistad se hubiera fraguado en 2003 cuando quedó relegado en la lista electoral, con el argumento de que en aquella decisión no tuvo participación Ponsoda sino la dirección provincial del partido, y ha añadido que el equívoco que le postergó en esa candidatura se subsanó en las elecciones de 2007 al situarle como número dos del alcalde .
Del mismo modo, Cano ha subrayado que no tuvo relación con el resto de acusados y que solo conocía mínimamente al empresario Salvador R.G. por ser vecino de la población.
En su escrito, este empresario ha acusado al testigo protegido de " fabulador " y de "infinidad de contradicciones" antes de opinar que su testimonio llegó tras dos años de investigación policial sin resultados.
En este "escenario inadmisible para quien resuelve un asesinato" apareció, ha proseguido Salvador R.G., este " conocido confidente de otros cuerpos de policía" que ofreció "una solución engañosa" que dio unos "cabezas de turco para justificar la investigación que no había sabido aclarar el asesinato de todo un alcalde".
El escrito del gerente del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, Ariel Alberto G., ha señalado que este testigo "con múltiples antecedentes " y "conocido por sus trapicheos " les ha implicado falsamente pese a su "nula credibilidad" dentro de una "fábula bien inventada".
Entre las falsedades que, según su visión, ha ofrecido ha citado que dice que escuchó cómo se fraguaba el crimen en 2007 cuando, según se demuestra por su vida laboral, este testigo no empezó a trabajar en el Mesalina hasta julio de 2008.
Uno de los supuestos sicarios, Raúl M., ha dicho que el testigo ha vertido "mentiras en su declaración a cambio de muchos beneficios" y ha destacado que la investigación no halló ni las armas utilizadas ni huellas dactilares que incriminen a los acusados.
Los otros dos presuntos sicarios, los checos Robert F. y Radim R., han desmentido su implicación y han coincidido en que nunca han disparado ni estado en el lugar de los hechos, la pedanía de Xirles donde vivía el alcalde de Polop.
Pese a estos testimonios exculpatorios, la fiscal ha insistido en dar credibilidad en la declaración del testigo protegido, que en el momento de los hechos se dedicaba a cobrar deudas.
Ante el jurado popular, ha asegurado que el testigo protegido no ha ganado nada por su declaración sino que simplemente se ha acogido a los beneficios que recoge la ley para los testimonios que son susceptibles de amenazas, y ha indicado que el testigo ha sido amenazado por su colaboración con los investigadores y que, incluso, ha tenido que "rehacer" su vida fuera de su localidad de residencia, Benidorm.
El abogado de Juan Cano, ha afirmado que su defendido es inocente y ha rechazado que le pudieran haber motivado " intereses urbanísticos " en una supuesta rivalidad con la víctima.
Además, ha descalificado al testigo protegido sobre el que se basan las acusaciones al calificarlo de personaje "sórdido" y "de película" y ha añadido que su testimonio ha podido surgir para "arreglar algún asunto" con tres declaraciones en distintos momentos de la instrucción "que no coinciden".
Junto al vicealcalde y concejal de Urbanismo en el momento del crimen y posterior alcalde, el citado Cano, figuran entre los siete acusados un empresa.
Indemnización a la familia
La familia de Alejandro Ponsoda ha pedido a los siete acusados cantidades que superan los 250.000 euros de indemnización por los daños morales sufridos.
Así lo han detallado en su escrito de acusación las dos hijas de Ponsoda, Fátima y María P.P., que en el momento del crimen tenían 27 y 22 años respectivamente (la primera estaba entonces embarazada ), y la madre de ambas, Josefa P.E., que desde 1998 estaba separada de hecho del alcalde, aunque seguía siendo su mujer.
El día del crimen, el 19 de octubre de 2007, Ponsoda llegaba a su domicilio en la pedanía de Xirles, donde residía con su padre , del mismo nombre, que tenía 84 años y fue falleció poco después.
La acusación particular de las dos hijas y la mujer demanda 100.400 euros en concepto de responsabilidad civil a favor de la esposa, pese a que no vivían juntos, además de 75.400 para Fátima y otra cantidad idéntica para María, todo lo cual suma 251.200 euros.
Por su parte, la fiscal demanda una cantidad ligeramente inferior, un total de 243.555,03 euros, divididos en 120.000 euros para cada hija y 3.555,03 euros a favor de la Agencia Valenciana de la Salud por los días en que el alcalde estuvo ingresado en el Hospital General de Alicante, hasta que falleció a consecuencia de uno de los tres balazos, el recibido en la cabeza.
