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Acció Cultural habla de «presiones» a la Generalitat para que no exija el valenciano a los funcionarios
La entidad reprocha «motivos difícilmente explicables» a la consellera Gabriela Bravo por «tres años de retrasos» en la nueva ley
Acció Cultural del País Valencià ( ACPV ) ha achacado el « retraso » de tres años y medio de la reforma de la Ley de la Función Pública Valenciana, que contempla la necesaria competencia lingüística de funcionarios en valenciano , a «motivos difícilmente explicables», en concreto, a «la cesión a presiones corporativas con intereses que nada tienen que ver con la garantía del fin de la discriminación por razón de la lengua».
Aunque la entidad se alegra de que finalmente haya empezado el trámite parlamentario de esta normativa, también critica que transcurra este periodo «desaprovechado» por la consellera Gabriela Bravo.
Ahora, considera que se debe garantizar la aprobación de la ley y el reglamento que permita su aplicación efectiva y ACPV se compromete a trabajar en este sentido y denunciar «cualquier tentación obstruccionista o de cesión a intereses corporativos que poco tienen que ver con el bien común y el servicio público».
Asimismo, reclama al Consell y los partidos que le apoyan que cumplan con su programa y aprueben la ley de Igualdad Lingüística. «Sería un gravísimo error por parte de PSPV , Compromís y Unides Podem que cayeran en el mismo error de la vieja política de incumplimientos electorales con la ciudadanía que les votó», añade.
ACPV también reitera la petición al Consell para que acabe con la « censura » de TV3 en la Comunitat Valenciana.
Campaña de «igualdad»
La entidad ha acordado iniciar una cam paña que, con el lema 'Iguals i amb drets', quiere destacar que aún queda «mucho camino» por recorrer para garantizar la no discriminación de los ciudadanos por razón de la lengua y para reclamar al Consell un mayor impulso hacia la igualdad lingüística, según ha informado la entidad en un comunicado.
El primer punto de la campaña es hacer balance de la política lingüística del Consell en esta y la anterior legislatura ya que «cinco años son suficientes para valorar en qué ha mejorado, a efectos prácticos, la consideración del valenciano después de años de marginación por parte de gobiernos antivalencianos y cuáles son las medidas concretas y efectivas aprobadas así como los obstáculos encontrados para su despliegue».
El segundo punto será estudiar las propuestas y medidas que son necesarias concretar en la segunda legislatura. ACPV quiere ejercer la función de «garante» de los derechos de los valenciano hablantes «que merecen ser tratados como ciudadanos con plenos derechos y no como ciudadanos de segunda, discriminados por razón de la lengua», que es oficial en la Comunitat Valenciana.
ACPV recuerda que los partidos que apoyan al Botànic aprobaron un acuerdo en el segundo gobierno que contemplaba una nueva ley de Función Pública valenciana que incluyera, entre otros puntos, la adquisición de conocimientos y habilidades que garanticen el principio de igualdad y no discriminación por motivos lingüísticos, entre otros, y garantizar por ley la igualdad para que las personas sean atendidas en las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas oficiales .
