El CGPJ abordará su respuesta a la reforma exprés la próxima semana

Fuentes parlamentarias socialistas reconocen que efectivamente a día de hoy el grupo no tiene la certeza de tener el respaldo necesario, pero sí tienen claro que la reforma se va a llevar al Pleno del jueves 14 de julio, tras el Debate sobre el estado de la Nación y en votación conjunta junto con, entre otras, la ley de memoria democrática. Hasta entonces los socialistas tienen que trabajar contra el reloj para garantizarse el apoyo de sus socios. Al tratarse de un trámite de urgencia y de lectura única, la proposición ya no requiere su paso por la Comisión de Justicia, con lo que podría quedar aprobada ya la semana siguiente en el Senado.

El problema es que si la reforma sale adelante, esa agilidad en la tramitación legislativa dejaría al CGPJ prácticamente ya sin margen de maniobra para reaccionar, por lo que fuentes del Consejo consideran más conveniente no posponer más la respuesta del Consejo y pedir esa reunión extraordinaria que el presidente del Consejo está obligado a convocar al solicitar la convocatoria más de cinco vocales. En esta ocasión lo han hecho ocho, uno menos que la semana pasada, pues Wenceslao Olea no la firma.

En el Pleno previsto para el jueves 30, que fue suspendido por el fallecimiento, esa misma mañana, de la vocal María Victoria Cinto, el Consejo General del Poder Judicial tenía claro que iba a dar una respuesta a la reforma del Gobierno que vuelve a tocar la ley que lo regula sin consultarle. La incógnita estaba en el número de apoyos y los términos en los que se expresara esa declaración institucional. Y ello porque el hecho de que nueve vocales del sector conservador obligaran a Lesmes a abordar este asunto en Pleno no implicaba que fueran esos nueve vocales los que apoyaran el texto que presentaron y que tenía dos partes: por un lado, la petición de que se inste al Congreso a que escuche al órgano de gobierno de los jueces como afectado directo que es de la reforma. La segunda, que se ponga en conocimiento de la Comisión Europea la nueva proposición de ley que se desdice en parte de la reforma que se planteó hace año y medio y que mantiene paralizados más de 60 nombramientos en la cúpula judicial.

Es precisamente la introducción de este segundo punto el que puede ‘descafeinar’ la declaración que salga del Pleno: algunos de los nueve vocales del bloque conservador que forzaron la introducción en el orden del día de ese texto para su debate y votación no están dispuestos a apoyar ningún acuerdo que no aluda a la necesidad de dirigirse a la Comisión Europea . Y, a su vez, algunos de los vocales que no firmaron el escrito y que forman parte del sector progresista se plantean suscribir una declaración institucional en la que pidan ser oídos.