Borràs contabiliza verbalmente el voto de Puig y deja en el aire incumplir la orden del TC

Finalizó la primera jornada de la sesión número 35 de la actual legislatura del Parlamento de Cataluña y ni los letrados ni los grupos políticos aseguran con certeza que Laura Borràs, presidenta de la cámara, acató, o no, la orden del Tribunal Constitucional que anuló la semana pasada el voto delegado de Lluís Puig, exconsejero de Cultura, fugado de la Justicia española y residente en Bélgica desde 2017.

El parlamentarismo catalán ha llegado a cotas de imaginación difícilmente comparables con otras latitudes (intento de investidura telemática, cambio de numeración de todas las legislaturas, lazos que ocupan escaños, diputados a más de 1.300 kilómetros...) y, ahora, añadir verbalmente el voto delegado de un diputado que no tiene derecho a delegarlo para hacer ver que no se cumple con el Constitucional, pero sin explicar cómo se hace. Este miércoles, una diputada de la oposición definía la situación en el Parlamento catalán de «absurdo total».

A media mañana, tras el debate sobre un decreto ley del Govern relacionado con los centros educativos, Borràs llamó a votación a los diputados: «Pasamos a votar la validación del decreto ley 7/2022. Les comunico que el voto del diputado Lluís Puig será añadido al cómputo de votación en base al sentido de voto que marque la portavoz de su grupo parlamentario, en quien tiene hecha su delegación. Por tanto, procedemos». Acto seguido, la bancada independentista respondió con aplausos. «Comienza la votación», añadió la presidenta de la cámara. Unos segundos después, el marcador del hemiciclo señaló 133 votos a favor. Borràs retomó la palabra: «El decreto ley, visto el resultado de la votación, ha sido validado con 134 votos a favor y ninguno en contra y ninguna abstención».

Hasta aquí, todo indica que la presidenta del Parlament habría desobedecido al Constitucional. Pero el voto delegado de Puig se contabilizó al margen del visto bueno de los funcionarios de la cámara, que controlan el registro del marcador, y de manera diferente a los otros tres votos delegados, que sí se sumaron en el resultado de los 133 votos afirmativos al decreto ley. Así pues, la respuesta a la duda sobre la desobediencia solo se resolverá cuando se firme el acta de la sesión, cuya segunda jornada se celebra este jueves, que debe contar con la rúbrica de Borràs y uno de los secretarios de la Mesa.

Si en el acta, que según el artículo 82 del reglamento parlamentario debe figurar «el sentido del voto de cada grupo parlamentario y, en su caso, de los diputados que votan en un sentido distinto del grupo al que pertenecen», aparecen 134 votos, Borràs habrá hecho oídos sordos al Alto Tribunal. Sin embargo, si en el acta –que lo redactan funcionarios– figuran los 133 votos emitidos según lo ordenado por el Constitucional, las palabras de la presidenta quedarán recogidas en el Diario de Sesiones y poco más.

PSC, Vox, Cs y PP advirtieron, tras anunciar Borràs por la mañana que había cuatro votos delegados, entre ellos el de Puig, de que se estaba cruzando la línea de la legalidad y entrando en la desobediencia al Constitucional. Registraron sendas reconsideraciones, pero fueron rechazadas por la mayoría independentista: ERC, Junts y la CUP. Este jueves, se reunirá la Mesa para ver cómo se encajan las palabras de Borràs, admitiendo verbalmente el voto de Puig, sin que la decisión salpique judicialmente a los funcionarios. Una fórmula podría ser la de asumir la responsabilidad del acta. Sobrevolaría, así, el delito de usurpación de funciones para los miembros de la Mesa que firmen el acta de la sesión.