El vicepresidente catalán dice que el juez del «procés» fue designado siguiendo criterios ideológicos

«Hay una sospecha muy fundamentada de que alguien eligió a dedo al juez», asegura Pere Aragonès

Aragonès y Torra, este martes en el Palau de la Generalitat INÉS BAUCELLS

ABC

«Sospechamos que se articuló todo un sistema para que fuera a parar a un juzgado determinado para hacer la instrucción en una línea determinada». El vicepresidente catalán, Pere Aragonès (ERC), ha sembrado este martes dudas sobre la imparcialidad del juez que instruye el caso del 1-O al referirse a una denuncia presentada por varios exaltos cargos catalanes por presuntas irregularidades al asignar al titular del juzgado 13 de Barcelona la causa del «procés».

Asimismo, el número dos del gobierno de Quim Torra ha pedido la nulidad de todo el proceso judicial que se instruye contra los líderes independentistas catalanes si «tal y como parece» se eligió «a dedo» que fuese el juzgado número 13 de Barcelona quien empezara la instrucción. Según Aragonès, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de poner fin a la «represión» del Estado español contra el independentismo catalán, a la vista que, a su parecer, «hay un procedimiento judicial lleno de irregularidades».

En este sentido, el dirigente de ERC ha apuntado que el problema no solo está en el Tribunal Supremo por parte del juez Pablo Llarena y de la Audiencia Nacional, sino también en el juzgado número 13 de Barcelona. Sobre este último, el vicepresidente del Govern ha afirmado que «hay una sospecha muy fundamentada de que alguien eligió a dedo al juez del juzgado número 13», presumiblemente «por su ideología política» . Esto, ha explicado, «significaría que no podría utilizarse nada de lo instruido por este juzgado y tampoco lo remitido al Tribunal Supremo».

Preguntado sobre las posibilidades de que pueda prosperar la denuncia por las presuntas irregularidades cometidas al asignar la causa al juzgado número 13 , Pere Aragonès ha indicado que «no sé si esto prosperará porque hay una guardia pretoriana judicial que lo puede impedir».

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