Vargas Llosa y Savater encabezan un manifiesto en defensa de la Nación constitucional e igualdad de los españoles
Con motivo del 40 aniversario del 'Manifiesto de los 2.300', medio millar de personalidades, entre los que están los primeros firmantes del texto de 1981, hacen un llamamiento a defender el orden constitucional sin «resignación» ni «pesimismo»
Coincidiendo con el 40 aniversario de la publicación del llamado 'Manifiesto de los 2.300', texto que advertía del proceso con tics totalitarios que Jordi Pujol había iniciado desde su llegada a la Generalitat de Cataluña -solo unos meses antes, en abril de 1980- y que, entre sus fines, tenía el de arrinconar el uso del español del espacio público, empezando por la escuela, 500 personalidades han suscrito un nuevo manifiesto señalando la vigencia de los temores apuntados en 1981 y pidiendo a los ciudadanos la defensa del orden constitucional sin «miedo», ni «resignación», ni «pesimismo».
El manifiesto de 2021, 'En defensa de la Nación constitucional y la igualdad de todos los españoles', está suscrito por ocho de los primeros firmantes del texto de 1981: Amando de Miguel, Federico Jiménez Losantos, Santiago Trancón, José María Vizcay, José Sánchez Carralero, Benjamín Oltra, José María Fernández y Amelia Romero; así como por, entre otros, Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Gabriel Albiac, Joaquín Leguina, Luis Alberto de Cuenca, Rafael Arias-Salgado, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Albert Boadella, Andrés Trapiello, Araceli Mangas Martín, Arcadi Espada, Camilo José Cela Conde, Carlos Jiménez Villarejo, Elvira Roca Barea, Fernando Sánchez Dragó, Francesc de Carreras, Francisco Vázquez, Maite Pagazaurtundúa, Xavier Pericay, Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Díez y María Ángeles Pérez Samper.
En el texto se indica que «ante la confusión y perplejidad en que se encuentran millones de españoles», frente a la situación creada por el independentismo y no resuelta por las instituciones democráticas, que no son capaces de que se respeten los derechos constitucionales de miles de personas, como educar a sus hijos en la lengua materna y oficial del país en algunas comunidades de España, los firmantes asumen «un compromiso público y político en la defensa del orden democrático y de la Constitución».
Por ello, piden «a todos, trabajadores, profesionales, intelectuales, responsables y militantes de los partidos, miembros del Poder Judicial, representantes del poder económico y financiero, de los medios de comunicación y a todos cuantos tienen algún poder, influencia y responsabilidad social, que dejen de lado sus cálculos y sus intereses, sus engaños y equidistancias, para encarar unidos y con valentía la gravedad del actual momento histórico«.
Las 500 primeras personas que dan apoyo a este manifiesto, coordinado por la asociación Impulso Ciudadano y que desde hoy aceptará la firma de los ciudadanos que así lo quieran a través de una página web creada para la ocasión, hacen un llamamiento a la ciudadanía para «defender a España», porque esto «es defender el bien común, porque España es la mejor garantía de nuestros derechos y libertades» y que lo hagan «sin dejarse llevar por el miedo, la resignación o el pesimismo, y que adopten una actitud decidida en defensa del orden constitucional contra quienes quieren destruirlo».
Por su interés, a continuación, se reproduce el texto íntegro del manifiesto 'En defensa de la Nación constitucional y la igualdad de todos los españoles':
HACE 40 AÑOS, un grupo de intelectuales, profesores y trabajadores residentes en Cataluña alertó por primera vez de los peligros del nacionalismo excluyente que iniciaba su proyecto de imposición lingüística y de eliminación del español de las instituciones en esta Comunidad. Lo hicieron a través del conocido como el Manifiesto de los 2.300. Su precoz denuncia tuvo gran repercusión y provocó una campaña política de desprestigio y persecución contra sus promotores, hasta llegar al atentado terrorista que sufrió uno de sus primeros firmantes.
HOY, cuatro décadas después, aquel manifiesto, que llevaba por título 'Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña', sigue vigente. No solo por la continuada validez de su diagnóstico, sino por haberse cumplido su vaticinio sobre el empeoramiento de la convivencia y las graves consecuencias que la política iniciada por la Generalidad iba a producir en la sociedad catalana y en el conjunto de España. Esta situación ha llevado a Cataluña a la división, la inseguridad, la decadencia económica y a un retroceso social que empieza a afectar a una mayoría de catalanes.
LO QUE EMPEZÓ presentándose como «normalización» del uso del catalán fue avanzando, con ambigüedad calculada, hacia la exclusión de la lengua común y el rechazo de los lazos históricos, afectivos, culturales y lingüísticos que nos unen a todos los españoles. El Manifiesto desenmascaró las intenciones de un catalanismo que ahora se presenta abiertamente como nacionalismo hispanófobo y que tiene como objetivo derribar la Constitución de 1978, último dique de contención de su proyecto rupturista, hoy mimetizado en otras partes de España.
LA CRISIS POLÍTICA que el separatismo insolidario ha provocado en nuestro país –agravada por una crisis sanitaria y económica de profundas dimensiones–, amenaza con destruir la unidad y la propia existencia de España como Nación y como Estado democrático. No hemos llegado a esta situación de modo inexplicable o repentino: nuestra penosa coyuntura es resultado de innumerables errores, engaños y claudicaciones de los que son responsables en gran parte los sucesivos gobiernos de España, que, entre la indolencia y la inepcia, no han sabido encarar con determinación el desafío anticonstitucional y su desprecio reiterado a la ley y a las decisiones judiciales. Tal dejación propició el ataque frontal a la democracia de septiembre y octubre de 2017 del que sus autores no solo no se arrepienten, sino que proclaman provocativamente que lo «volverán a hacer». Su amenaza sigue en pie.
HEMOS ENTRADO en un periodo decisivo de crisis nacional de la que no podremos salir si no nos paramos ante el abismo, si no nos atrevemos a mirar al fondo de ese precipicio con valentía, si no encaramos el reto independentista como lo que es: un proyecto que solo podrá acabar o con el desmoronamiento del Estado de Derecho, o con la derrota del separatismo y el afianzamiento de una España democrática y más igualitaria.
LOS ABAJO FIRMANTES, al conmemorar el aniversario de aquel acto inicial de protesta democrática, queremos reivindicar la lucha resistente de todos los ciudadanos que durante estos años han visto atropellados sus derechos constitucionales, lingüísticos y cívicos en numerosos espacios y de diversas formas. Aquellos que…
No pueden educar a sus hijos en su lengua materna y oficial.
Ven con dolor cómo sus hijos son adoctrinados en la escuela en el desprecio a España.
No son atendidos por las administraciones en las lenguas oficiales y no pueden usar libremente cualquiera de estas lenguas en su actividad comercial, productiva, pública y privada.
Padecen amenazas y son estigmatizados por discrepar de la ideología independentista.
Ven cómo se malgasta el dinero público en la promoción del proceso separatista.
Reclaman medios de comunicación que ofrezcan información veraz y objetiva y que no practiquen la demagogia y fomenten la manipulación de la mente y de las emociones.
Son discriminados en el acceso al trabajo y ven reducidas su movilidad social y sus oportunidades vitales.
Contemplan día tras día la supresión de los símbolos constitucionales de las instituciones y la eliminación de todo tipo de referentes culturales comunes.
LA IGUALDAD DE DERECHOS, fundamento de la democracia, es incompatible con cualquier privilegio basado en la lengua, el lugar de origen, la condición social o la ideología política. Nuestra Constitución asegura esa igualdad. Por eso rechazamos sus incumplimientos y los intentos encubiertos de mutación o explícitos de modificación, que pretenden soslayar las reglas de la reforma constitucional. La defensa de España como nación, de su historia y cultura comunes, del español como lengua oficial y de la enseñanza en toda España, y de las otras lenguas oficiales en sus respectivas comunidades, forman parte esencial del orden constitucional que asegura la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles y permite avanzar hacia una sociedad más justa y próspera para todos. No vamos a consentir que este patrimonio compartido sea destruido por minorías supremacistas y medios antidemocráticos.
NADA ES más importante y urgente que frenar este proceso destructivo, hacerlo retroceder y derrotarlo con las armas de la razón, de la política y del derecho. El resto de los problemas económicos y sociales no podrán ser abordados si nuestra propia existencia como nación está amenazada y carecemos de un Estado democrático fuerte y cohesionado.
ESPAÑA ES HOY una sociedad moderna y democráticamente avanzada, resultado de muchos siglos de vida en común y esfuerzo colectivo de muchas generaciones que han compartido un territorio y trabajado en él, gracias a un marco normativo común que ha asegurado su soberanía y afianzado un orden político, social y económico en el que hay un lugar para todos. A través de este largo y difícil proceso, los españoles han superado unidos muchos obstáculos. No hay arma más eficaz para acabar con los peligros actuales que el afianzamiento de esos vínculos históricos de fraternidad, igualdad y confianza mutua.
HEMOS DEMOSTRADO tener una gran capacidad organizativa y creadora que, por culpa de una minoría privilegiada, egoísta y corrupta, es hoy sistemáticamente despreciada y desaprovechada. Necesitamos recuperar y estimular ese impulso colectivo para orientarlo hacia el estrechamiento de los vínculos comunitarios y hacia la promoción igualitaria del bienestar, promoviendo un equilibrio territorial más justo. Que nuestra Nación recupere la conciencia de sí misma y confíe en la capacidad de todos los españoles para unirnos, terminar con la actual crisis y contrarrestar la dinámica frentista y destructiva en la que estamos atrapados.
CONSCIENTES de nuestra responsabilidad, preocupados por el deterioro de la convivencia, ante la confusión y perplejidad en que se encuentran millones de españoles, queremos asumir un compromiso público y político en la defensa del orden democrático y de la Constitución. Pedimos a todos, trabajadores, profesionales, intelectuales, responsables y militantes de los partidos, miembros del poder judicial, representantes del poder económico y financiero, de los medios de comunicación y a todos cuantos tienen algún poder, influencia y responsabilidad social, que dejen de lado sus cálculos y sus intereses, sus engaños y equidistancias, para encarar unidos y con valentía la gravedad del actual momento histórico.
DEFENDER A ESPAÑA es defender el bien común, porque España es la mejor garantía de nuestros derechos y libertades. Pedimos a todos los ciudadanos que no se dejen llevar por el miedo, la resignación o el pesimismo, y que adopten una actitud decidida en defensa del orden constitucional contra quienes quieren destruirlo.
12 de marzo de 2021
