Trapero dice ahora que propuso detener él a Puigdemont si un juez lo ordenaba
El mayor reparte responsabilidades: la Policía Nacional tampoco cerró colegios los días antes al 1-O
Trapero dio ayer una vuelta de tuerca más para tratar de convencer al tribunal de que no tenía nada que ver con el plan secesionista del Govern. Si días antes presentó un informe a la Audiencia Nacional para acreditar que había encargado un plan para detener al presidente de la Generalitat, ayer reveló al respecto un detalle más: que propuso arrestar él en persona a Carles Puigdemont si los Mossos recibían dicha orden de un juez o de un fiscal.
Trapero aprovechó las preguntas que le hizo su abogada, Olga Tubau, para ahondar en los detalles de ese operativo, sobre todo después de que el día anterior el fiscal pusiera en duda incluso su existencia . El mayor de los Mossos detalló que, dos días antes del 27 de octubre –fecha en la que estaba prevista la declaración de independencia–, se vio con los comisarios superiores Ferran López y Joan Carles Molinero, quienes le disuadieron de su intención de asumir directamente el arresto de Puigdemont . «Me dijeron que no les parecía bien, que era mejor que yo me quedase en Egara (sede central de Mossos) y que ellos se ofrecían a hacerlo», detalló Trapero, para quien el Ministerio Público pide once años de cárcel por rebelión.
El fiscal Miguel Ángel Carballo dijo tener dudas de que realmente existiera ese plan, pero el mayor de los Mossos justificó que si no se recogió por escrito fue por discreción y confidencialidad. Querían actuar con «sigilo» , según sostuvo ayer en el juicio. En la causa figura un correo del 25 de octubre en el que el mayor de los Mossos da «indicaciones» de diseñar un plan para después de laDUI en el que se contemple el uso de helicópteros, tédax y el cierre del parque de la Ciutadella, donde se ubica el Parlament, escenario en el que se proclamaría la independencia. Luego, un informe sobre ese plan de los comisarios López y Molinero entregado a la Audiencia –con Trapero ya imputado– explicaba otros detalles, sobre los que ayer el mayor volvió en su declaración. Por ejemplo, que serían los máximos mandos de los Mossos los que arrestarían a los consejeros de Puigdemont.
Convencer de que él nada tenía que ver con el plan secesionista es uno de los objetivos fundamentales de Trapero en este juicio. Por eso su abogada sacó a colación, de nuevo, aquella reunión del 28 de septiembre en la que, supuestamente, el mayor de los Mossos habría intentado disuadir al Govern de continuar con los preparativo de la consulta. «Espero, ‘president’, que no tengamos que lamentar una desgracia» , asegura que dijo a Puigdemont, en un encuentro en el que estaban también Junqueras y el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn. Esto ya lo había mencionado Trapero cuando declaró como testigo en el juicio del Supremo contra los líderes del «procés». Pero ayer añadió un detalle: los policías salieron «preocupados» de aquella cita y sopesaron convocar una rueda de prensa para dejar claro que los Mossos estaban con la ley. Finalmente no se decidieron a hacerlo. «Ahora lo lamentamos», dijo Trapero.
Reparto de responsabilidades
Desvincularse de la cúpula secesionista es uno de sus principales objetivos en esta vista; el otro, que el tribunal crea su versión de que el 20 de septiembre –en el asedio independentista al registro de la Guardia Civil en la Consejería de Economía– y, sobre todo, el 1-O, los Mossos hicieron todo lo que estaba en su mano. En esa línea se entiende el intento de Trapero de convencer de que, por su cargo como «coordinador», el máximo responsable del operativo conjunto de Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil era relamente el coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos. Y también que Trapero intentase repartir responsabilidades entre los cuerpos: la Policía –relató–, igual que los Mossos, tampoco cerró colegios electorales los días previos al 1-O .
La sesión de ayer sirvió también para escuchar las explicaciones de la intentende de los Mossos Teresa Laplana, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel como responsable de los Mossos ante la Consejería de Economía. Ella negó la mayor, empezando por asegurar que aquel día poco tenía que decir sobre el operativo . Según su versión, aunque en los atestados el instructor de las diligencias la menciona como jefa del dispositivo, ella lo niega. Y se afanó en explicar que cualquier petición de la Guardia Civil y la comitiva judicial que practicaba los registros ella solo la transmitía a sus «superiores». Se presentó, prácticamente, como una simple mediadora, muy lejos del papel que la Fiscalía le otorga. «No tenía capacidad para movilizar a los efectivos de orden público», aseguró la intendente.
Laplana aquel día había acudido a la Consejería de Economía pese a que estaba de baja. «Al no haber más mandos que pudieran desplazarse consideré que era mi responsabilidad pese a lo mal que me encontraba». Preveía estar un par de horas, pero los registros de la Guardia Civil se alargaron y permaneció durante doce horas en la sede de la Consejería de Economía. En ese tiempo su teléfono registró 144 llamadas entrantes y 98 salientes: «Estuve todo el día pegada al teléfono» .
La intendente, igual que había hecho Trapero, marcó distancias con Jordi Sànchez, presidente de la ANC, entidad secesionista convocante de la manifestación que asediaba aquel día a la Guardia Civil. Laplana defendió ayer que no conoció a Sànchez –condenado a nueve años de cárcel por el «procés»– hasta que ese día se presentó en la Consejería de Economía.
Objetivo: lejos de Jordi Sànchez
Trapero, según relató Laplana, la había llamado –algo que reconoció que no era habitual– para que recibiera a Sànchez porque, como líder de la ANC, se ofrecía para calmar a los manifestantes y facilitar el trabajo policial. La intendente negó ayer a preguntas del fiscal que Sànchez interfiriera en su trabajo: «Podía decir misa. No es nadie para entrometerse en las órdenes de la policía». Unas palabras casi idénticas a las que Trapero había empleado el día anterior en su interrogatorio para negar cualquier relación con Sànchez. Cuando el líder de la ANCle reprochó que los antidisturbios estuviesen tomando posiciones ante la Consejería, Trapero le colgó el teléfono.
Tras los interrogatorios a Trapero y Laplana, ahora le toca defenderse en el juicio a dos excargos de la Consejería, que también se enfrentan a penas de once años de cárcel: el que era secretario general del departamento, César Puig, y el exdirector de los Mossos Pere Soler, declaraciones de dos cargos políticos que también podrían servir para delimitar la relación de Trapero con los líderes del «procés».
