Torra amenaza con querellarse contra quien «coaccione» a Torrent para que este cumpla con el Supremo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (JpC), ha advertido este viernes con llevar ante la Justicia a los grupos de la oposición en el Parlamento de Cataluña, especialmente a Cs y el PP, que le han acusado públicamente de «usurpación de funciones públicas» después de que el Tribunal Supremo ordenase ayer que se le retirara el acta de diputado autonómico.

En un comunicado, enviado al mediodía de hoy, la Oficina del Presidente Torra denuncia «las presiones» a las que está siendo sometido el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), para que este dé curso a lo ordenado por el Supremo, que a su vez dio la razón a la Junta Electoral Central (JEC), administración que retiró las credenciales de diputado autonómico a Torra, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenara (en sentencia no firme) al presidente autonómico a inhabilitación por un delito de desobediencia.

En este sentido, para Torra estas «presiones» sobre Torrent están llegando «a límites insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico en general y, específicamente, con el Código Penal». En los últimos días, tanto desde las filas de Cs como del PP se ha recordado que el presidente de la cámara autonómica estaría cayendo, probablemnete, en desobediencia, también, si no acata lo ordenado por el Supremo. Sin embargo, Torra, en el comunicado, no concreta a qué «presiones» o «coacciones» se refiere.

Sorprendentemente, Torra alega el cumplimiento de la ley y la normativa para defender que Torrent no cumpla con el auto del Supremo y la última decisión de la JEC, que ayer mismo le dio a este un plazo de 48 horas para que tramite la baja de Torra como diputado autonómico. «Hemos de recordar que aquel que, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunro delito de coacciones», asegura Torra en la nota. Por lo tanto, advierte el presidente de la Generalitat, no renunciará «a ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal».

Torra sigue defendiendo que tiene la condición de diputado autonómico, pese a lo dicho por el TSJC y lo ordenado por la JEC y el Supremo, y reitera que, desde su punto de vista, solo una sentencia firme, y si lo autoriza el Parlamento de Cataluña, puede obligarle a dejar de ser miembro de la cámara autonómica. Para Torra, la JEC y el Supremo son órganos incompetentes «para dictar la resolución» por la que le quieren «privar» de esta condición. Una situación que, a su parecer, es «una anomalía democrática que genera un conflicto institucional».

Por todo ello, añade el comunidado, «el presidente de la Generalitat cuenta con toda la legitimidad democrática para seguir ejerciendo el cargo por el que fue escogido»; y «no dudará» igualmente en «ejercer las acciones legales oportunas en caso de que persistan estas acciones (de coacciones), que podrían estar incurriendo en un presunto delito de calumnias y/o injurias».