La Sindicatura de Cuentas detecta irregularidades en la contratación de la Generalitat durante el Covid en 2020
La Sindicatura de Cuentas ha detectado una serie de irregularidades en los contratos de emergencia firmados por la Generalitat de Cataluña y sus entes dependientes durante el año 2020 (entre marzo y diciembre) vinculados a la lucha contra la pandemia del Covid-19. En total, la administración autonómica firmó 6.114 expedientes de contratación por un valor total de 704.049.595 euros. El órgano fiscalizador solo ha podido analizar una muestra de estos expedientes, que representa el 57,3 por ciento del importe total de los contratos.
Entre las irregularidades detectadas, la Sindicatura ha destacado el contrato del Sistema de Emergencias Médicas, S.A. (SEM) para el seguimiento de contactos positivos. La empresa adjudicataria, entre octubre de 2020 y enero de 2021, redujo el número de llamadas telefónicas mensuales en un 26,3 por ciento, pero, sin embargo, se dimensionó el contrato en términos de personal adscrito al servicio, que se incrementó en un 95,2 por ciento. Un aumento de personal que, según el órgano fiscalizador autonómico, fue excesivo ya que la actividad fue significativamente inferior a la que establecían los parámetros del contrato.
Relacionado con este mismo contrato, el informe señala que varios trabajadores que estuvieron de baja temporal fueron facturados al SEM como si estuvieran trabajando con una dedicación equivalente a la jornada completa, sin deducir el importe pagado a la Tesorería de la Seguridad Social. Y como los profesionales contratados para sustituir a los empleados de baja estaban incluidos en la facturación del proveedor al SEM, esta entidad acabó pagando un importe superior al que le correspondía por los servicios realmente prestados.
Objeto del contrato y sin competencias
Por otro lado, la Sindicatura ha detectado múltiples irregularidades en otros puntos de la contrataciones de urgencia de la Generalitat durante el año 2020 y relacionadas con la pandemia. En siete expedientes, por ejemplo, el objeto del contrato no era el de las necesidades destinadas a la protección por el Covid. Cuatro contratos se hicieron para suministros periódicos y, por lo tanto, se tendrían que haber tramitado por el procedimiento ordinario y no por el de urgencia.
El ente público fiscalizador de las cuentas autonómicas y locales catalanas, también recuerda que mediante un decreto del 21 de abril las competencias en materia de intervención e información de los centros sociales de carácter residencial pasaron a manos de la Consejería de Salud, quitando esta competencia a la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Sin embargo, 25 expedientes de contratación fueron firmados y dictados por el entonces consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, cuando no tenía competencia para hacerlo.
Igualmente, el informe ha observado que en cinco expedientes no consta ningún informe justificativo y en 83 no se hace referencia al uso de este procedimiento de urgencia que debería cubrir el vacío hasta que se pudiera hacer el contrato por el procedimiento ordinario. En otros siete expedientes la prestación se alargó en el tiempo, pese a que la contratación por el trámite de urgencia, ha señalado la Sindicatura, está prevista para dar cobertura a necesidades inmediatas con la máxima celeridad.
Entrega de mercancías y obras no realizadas
La entrega de las mercancías o la ejecución de los trabajos tampoco se hicieron sin irregularidades. La Sindicatura de Cuentas ha detectado diversas incidencias. Por ejemplo, en un expediente la facturación total no corresponde con las unidades de material entregadas, según los albaranes. La cantidad entregada fue inferior en 422.000 unidades a la cantidad adjudicada y pagada: 206.976 euros. En otros dos contratos, el coste total del servicio superó de manera significativa el precio de la adjudicación: las desviaciones detectadas fueron de 570.005 euros y de 438.206 euros.
A modo de ejemplo de dos irregularidades más, una, el informe destaca que un expediente del Instituto Catalán de la Salud-Hospital Valle de Hebrón señaló que el 30 de diciembre de 2020 se adjudicó un contrato de obras y suministros, formalizado en febrero de 2021, y que en la fecha de la finalización del trabajo de campo, el 30 de septiembre de 2021, no se había iniciado la ejecución. Una práctica que va en contra de lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, que fija el plazo de un mes el tiempo máximo de ejecución de un contrato tramitado por el procedimiento de urgencia a contar desde la formalización.
Y dos, se modificó un contrato de emergencia de suministros de test de prueba rápida para la determinación de antígenos que supuso el incremento en un 500 por ciento el importe del contrato, que pasó de 4,5 millones de euros a 27 millones; así como la cantidad del producto suministrado que constaba en el contrato originario, que pasó de un millón a seis millones de tests. Esta modificación se hizo 47 días después de la resolución de la adjudicación inicial. La Sindicatura, en este caso, ha indicado que se debería haber tramitado un nuevo contrato y no haber hecho una modificación del ya firmado.
Todas estas irregularidades y otras más aparecen en el informe 32/2021 de la Sindicatura de Cuentas, dado a conocer este miércoles, y elaborado por el órgano fiscalizador del sector público de la Generalitat y los entes locales cumpliendo dos resoluciones aprobadas en el Parlamento de Cataluña el 15 de octubre de 2020.
