coronavirus cataluña
El sindicato Csif denuncia a la consejera de justicia catalana por la gestión de las cárceles
Acusa a Ester Capella de varios delitos tras una gestión «nefasta»
La Central Sindical Independiente de Funcionarios ha presentado en la mañana de este miércoles una querella penal contra la consejera de Justicia, Ester Capella, por lo que consideran una gestión «nefasta» de la crisis del Covid-19 , acusándola de varios delitos, según ha informado el sindicato.
La denuncia presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se extiende también contra Amand Calderó , secretario de Medidas Penales, al considerarle corresponsable de la gestión de la epidemia en los centros penitenciarios catalanes.
La queja principal de los funcionarios, en la que se basa la denuncia, es que el departamento de Justicia no proporcionó a los trabajadores de las prisiones material de seguridad ni estableció los protocolos adecuados para evitar contagios.
«Su gestión se ha saldado con decenas de funcionarios positivos y muchos otros afectados que han tenido que permanecer en sus casas, en cuarentena preventiva», señala el comunicado del CSIF.
En lo tocante a la falta de material de seguridad, el sindicato expone que desde el principio de la epidemia se les prohibió llevar mascarilla porque el gobierno catalán quería evitar «alarma social» y que más adelante no se les facilitaron suficientes unidades de Equipos de Protección Individual.
Otro de sus argumentos para atacar la gestión de Capella y Calderó es la falta de test diagnósticos realizados a un «colectivo esencial» como los funcionarios de prisiones.
«Han tenido que transcurrir 60 días desde la declaración del estado de alarma para que se empiecen a hacer pruebas PCR para saber si son portadores del virus o no», añade el comunicado del CSIF.
Por otra parte, el sindicato se congratula del trabajo hecho por los funcionarios durante el estado de alarma: «Han evitado que estallara el polvorín de las cárceles catalanas, sofocando infinidad de altercados y desórdenes regímentales».
Finalmente, texto del CSIF lanza, con cierta ironía, un ataque a la aplicación de la desescalada en las cárceles catalanas: «Más celeridad ha demostrado el comité de crisis (Procicat) en iniciar la desescalada en aquellos centros que se encuentran en regiones sanitarias que ya han accedido a la fase 1, aplicando medidas como la recuperación de las comunicaciones orales y el envío de paquetería».
En base a todas estas quejas, la denuncia del CSIF pide a la Fiscalía que investigue los hechos y acusa a Capella y Calderó de haber incurrido en un delito de contra los derechos de los trabajadores , un delito de desobediencia por no haber acatado los decretos gubernamentales del estado de alarma, un delito de lesiones por los positivos que ha habido entre el colectivo penitenciario y un delito contra la salud pública.
