Sánchez, Rajoy, Calvo y Casado, citados a explicar ante el Parlament la aplicación del 155
El independentismo prepara una comisión de investigación para esclarecer la «gestión y aplicación» del artículo constitucional en Cataluña
Los dirigentes políticos citados no están obligados a comparecer ante la comisión parlamentaria que ha contado con los votos de JpC, ERC y los Comunes
El independentismo lleva meses tratando de responder la aplicación del artículo 155 de la Constitución hecha el año pasado en la comunidad. A nivel económico, la Generalitat ha anunciado su intención de reclamar varios millones de euros al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el supuesto impacto que el artículo tuvo en las cuentas autonómicas. En el plano político pretende contraatacar pidiendo la comparecencia de decenas de altos cargos ante el Parlamento de Cataluña.
Entre los seleccionados para explicar a los diputados catalanes los motivos y pormenores de la aplicación del artículo 155 están, ni más ni menos que el expresidente Mariano Rajoy , el propio Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo y su predecesora en el cargo Soraya Sáenz de Santamaría. También se pide la presencia del exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, del líder del PP, Pablo Casado , y de representantes de Caixa Bank, el Banco Sabadell y hasta de medios de comunicación públicos y privados.
Los nombres que serán citados han sido aprobados este martes en la Comisión de Investigación sobre la Aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, constituida en el Parlamento regional el pasado 6 de noviembre. La lista ha contado con los votos de Junts per Catalunya, ERC y Catalunya En Comú-Podem .
La comisión ha citado a las mencionadas autoridades en calidad de «personas, cargos e instituciones involucradas en el proceso de decisión y gestión». No obstante, no está claro que todos ellos tengan que acudir al Parlament: la Cámara ya citó en 2017 a Rajoy y Santamaría para la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya' y rechazaron ir. En ese momento esgrimieron un informe del Consejo de Estado, que establecía que «no resulta obligado atender el requerimiento de comparecencia» que pudiera dirigirse al presidente, a la vicepresidenta, ministros y exministros, altos cargos y exaltos cargos del Estado y miembros en activo o no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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