Sánchez Costa: «En Bruselas saltan todas las alarmas al conocer que los nacionalistas llevan años desprestigiando el Estado de Derecho»

Societat Civil Catalana (SCC) y Llibertats, una entidad de juristas constitucionalistas, han presentado este jueves el 'Informe sobre la desertización de la planta judicial en Cataluña y su relación con el acoso que sufren jueces y fiscales con motivo del proceso independentista', trasladado al Comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, el pasado 9 de diciembre. El objetivo es que este informe se tenga en cuenta a la hora de elaborar el III Informe sobre el Estado de Derecho en la UE, que prepara la Comisión Europea.

El presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha enmarcado esta iniciativa en el contexto del «salto internacional» que está dando la entidad, para «explicar a todo el mundo la realidad de Cataluña y contrarrestar la propaganda independentista», según informa la entidad en un comunicado. Sánchez Costa ha subrayado que «en Bruselas saltan todas las alarmas cuando conocen que los líderes políticos nacionalistas llevan años desprestigiando con su discurso el Estado de Derecho y cuando son conscientes del acoso que han vivido algunos jueces y fiscales en Cataluña«.

En este sentido el presidente de SCC ha lamentado que Cataluña se haya convertido en «capital antisistema de Europa, donde se ha puesto en duda de forma reiterada uno de los pilares de la Unión, que es el respeto al Estado de Derecho«.

Por su parte, Eloy Moreno, presidente de Llibertats y autor del informe, ha explicado que «muchos jueces, magistrados y operadores jurídicos están pidiendo cambio de destino y no hay nadie que quiera venir a Cataluña«. Ha alertado sobre las consecuencias que ello puede tener para la calidad del sistema judicial en Cataluña y la defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos.

Moreno ha denunciado, también, «el ambiente de presión y coacción que han vivido jueces, fiscales y operadores jurídicos desde hace años». Una presión que no se ha limitado a las sedes judiciales, sino que ha llegado a las familias y los domicilios de los afectados.

El autor del informe ha trazado una causalidad clara entre este «clima de coacción» y la fuga de personal jurídico estos últimos años, y ha pedido tanto al gobierno de España como a los órganos europeos que garanticen que en Cataluña se pueda ejercer una justicia «libre, independiente y con todas las garantías».

Finalmente, ha recordado la «obsesión nacionalista por tener un poder judicial propio al margen del sistema español» y ha pedido, de acuerdo a lo solicitado por el propio TSJC, que se prime con un complemento salarial a los jueces y fiscales que trabajan en Cataluña, para revertir la situación de déficit de personal.