El TdC rechaza las alegaciones de Mas, Puigdemont y Junqueras y confirma las fianzas de 5,4 millones de euros
Los 34 implicados tienen 15 días hábiles para depositar el dinero reclamado, a la espera de iniciar el enjuiciamiento
El Tribunal de Cuentas ha confirmado este miércoles la liquidación provisional relacionada con los gastos indebidos por la acción exterior del 'procés' catalán entre 2011 y 2017. Tras escuchar a las partes, entre ayer y hoy, la delegada instructora ha levantado acta por importe de 5.422.411,10 euros (unos 400 euros menos que la cifra original, conocida el martes, tras aceptar unas alegaciones que modifican los gastos de la Delegación de la Generalitat en Dinamarca).
De esta manera, Artur Mas (2,8 millones de euros), Carles Puigdemont (1,9 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones), Francesc Homs (2,9 millones), Andreu Mas-Colell (2,8 millones) y veintinueve implicados más tendrán que afianzar 5,4 millones de euros como presuntos responsables de los gastos indebidos por el 'procés' en el extranjero. La responsabilidad de cada uno es directa y solidaria en función de cada hecho irregular en los que participaron y del periodo de tiempo en que desempeñaron el cargo político.
Aunque en un principio el Tribunal de Cuentas implicó a 42 personas, al cierre del acta de liquidación la delegada instructora del órgano constitucional que fiscaliza el gasto de dinero público ha exonerado de responsabilidad contable a ocho personas, entre ellas los exconsejeros autonómicos Neus Munté y Jordi Turull, así como a Javier Acín, Francesc Cubell Creus, Jordi Serra Catalán, Virginia Astigarraga Pallarés, Pau Villoria Sistach y Juan Prat Coll.
A partir de ahora, los 34 presuntamente responsables a los que no se les han aceptado las alegaciones deberán hacer frente de las fianzas en los próximos 15 días hábiles. En caso de que en este tiempo no se cumplan los depósitos se iniciará el proceso del embargo de bienes individuales en función de su supuesta responsabilidad. Después, arrancará el procedimiento de enjuiciamiento que determinará sí finalmente los implicados deben devolver el dinero a la Generalitat que se le reclama.
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