Querella contra Buch por fichar como asesor a un mosso que en realidad era el escolta de Puigdemont
La Fiscalía señala que la misión del asesor era la de dar «auxilio y protección» al presidente fugado
La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella por prevaricación y malversación contra el conseller de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos Miquel lluís Escolà por el servicio de escolta que este prestó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en su huida de España.
En su querella, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha registrado, la Fiscalía acusa a Buch de prevaricación y malversación, al concluir que un mosso que fue nombrado asesor del conseller ejerció al mismo tiempo las funciones de escolta de Puigdemont tras su huida de la Justicia española.
La Fiscalía abrió esa investigación por el servicio de escoltas y protección a Puigdemont, a raíz de una denuncia presentada por varios diputados de Ciudadanos en el Parlament.
Según la Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor del Departament responde en realidad "exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación personal de busca y captura", en alusión a Puigdemont.
La Fiscalía apunta además que Escolà no tenía la más mínima aptitud formativa para el desempeño del cargo de asesor, de cuya actividad, además, tampoco consta actividad más allá de los escritos aportados por la consejería de Interior. Estos escritos, la mayoría sin firma, apunta el Ministerio Fiscal , ni siquiera merecen el calificativo de "informes".
Por contra, y según los informes policiales, la actividad principal del querellado fue la de prestar "auxilio y protección al procesado rebelde" Puigdemont, atividad que ya venía realizando con anterioridad a su nombramiento como asesor. Tal actividad como escolta de Puigdemont se constata por su presencia en numerosos actos el fugado en el extranjero. Tal actividad, de la que incluso se jactaba en las redes sociales , no podía ser desonocida, se apunta en el escrito. La Fiscalía apunta que otros funcionarios podrían también realizar funciones de escolta.
Para el Ministerio Fiscal, dicha actividad irregular habría supuesto un quebranto para el erario público de 52.712 euros.
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